VIVIENDA

El Sindicat d´Habitatge de València advierte de que 40 familias pueden quedarse en la calle en La Torre

Las familias han ido ocupando las viviendas, que estaban vacías, desde 2018. El edificio fue adquirido por la entidad pública en 2022.

Amparo Sánchez

València |

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda.
Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. | RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

El Sindicat d´Habitatge de València ha denunciado públicamente que cuarenta familias residentes, de manera ilegal, en un bloque de viviendas del barrio de La Torre se enfrentan a un desahucio inminente por parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

En ese momento solicitó a las familias documentación con el objetivo de evaluarlos para tratar de hacerles un contrato de alquiler social. Sin embargo, a pesar de tener su situación de vulnerabilidad acreditada, no se procedió a hacerles dicho contrato. El portavoz del Sindicat, Enrique Tárrega, afirma que muchas familias por su situación están excluidas del mercado del alquiler.

En 2024 la EVHA comenzó a abrir procedimientos judiciales de desahucio para todas ellas. Unos procedimientos que de ejecutarse supondría dejar sin vivienda a cerca de cien menores. Además lamentan que se estén llevando a cabo prácticas de intimidación y coacción a las familias.

Aclaración Conselleria Vivienda

Según fuentes de la Conselleria de Vivienda cuando el bloque de viviendas fue adquirido por el Botànic se comprobó los requisitos, de quienes ocupaban ilegalmente 39 de las 40 viviendas, y se detectó que ninguno cumplía. La única vivienda no ocupada estaba habitada por una propietaria que ha tenido que cambiar de ubicación por problemas de convivencia con los vecinos ocupas.

Aseguran que desde la EVha no se ha realizado ninguna actuación intimidatoria, y se está siguiendo el procedimiento que requiera cada caso. En la actualidad 33 viviendas están en procedimiento de desahucio. Algunos procedimientos se han paralizado por situaciones específicas, como que haya menores en la vivienda y no haya red familiar que dé cobertura.

Client Challenge

Reiteran que el actual Consell se encontró con un 12% del parque público de vivienda ocupado, lo que implica contar con viviendas que, al estar ocupadas de forma ilegal o irregular, no están disponibles para adjudicar a personas que cumplen los requisitos.