La Coordinadora Valenciana de ONGD, que agrupa a 110 organizaciones de cooperación internacional, expresa su "máxima preocupación y rechazo" a los crecientes ataques hacia las organizaciones humanitarias que se están dando "en todo el mundo", como en Ceuta el pasado domingo, y advierte "que empieza a ser el día a día de muchas organizaciones solidarias también en la Comunitat Valenciana".
En un comunicado, la plataforma lamenta que la agresión en Ceuta contra dos activistas y una diputada al confundirles con trabajadores humanitarios "expone el clima de hostilidad contra las ONG" en la ciudad autónoma, en el marco de la crisis migratoria iniciada a finales de junio.
"Una situación alimentada en los últimos tiempos por la normalización del odio y la desinformación que han convertido en objetivo a las personas migrantes y a quienes defienden los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria", asevera.
En este contexto, la Coordinadora defiende que "la crisis humanitaria en Ceuta debe ser tratada como tal", lo que a su juicio "exige que la respuesta cumpla de manera escrupulosa los principios humanitarios y las leyes internacionales que rigen este tipo de situaciones".
Recuerda además que las ONG están desarrollando una labor esencial de asistencia y protección a cientos de personas, entre ellas, niños, niñas y personas que podrían encontrarse en necesidad de protección internacional, "atrapadas en una situación de extrema vulnerabilidad".
"Las autoridades deben proteger a todas las personas, incluyendo a activistas, periodistas y personal humanitario que simplemente están ejerciendo su labor. La prioridad debe ser la defensa de la dignidad humana, la garantía del bienestar y la seguridad para el conjunto de la sociedad y el respeto al derecho de toda persona a buscar una vida mejor", recalca.
Y afirma que "este episodio no puede desvincularse de una tendencia más amplia marcada por el avance de discursos y políticas contrarios a la solidaridad y la creciente persecución de las organizaciones sociales a nivel global, con cada vez más estados intensificando su ofensiva contra las organizaciones sociales mediante las llamadas leyes anti-ONG".
En definitiva, las ONG valencianas consideran imprescindible que se proteja al personal humanitario y a las organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro y favorable para su trabajo, "más necesario que nunca en un contexto marcado por múltiples crisis que nos afectan a todos sin importar fronteras, incluidas el recrudecimiento de los conflictos, la persistencia de la pobreza, los recortes en derechos y la emergencia climática".
