La jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra centraliza desde enero de 2025 la macrocausa que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 233 personas en la provincia de Valencia.
A punto de cumplirse dos años del inicio de la instrucción, el balance deja un total de 690 declaraciones, entre ellas, las de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su ex número 2, Emilio Argüeso, y cientos de testigos, entre familiares de las víctimas, responsables y trabajadores de la emergencia, peritos y políticos.
Hasta ahora, la magistrada ha dictado 592 resoluciones, desde autos y providencias hasta decretos y diligencias de ordenación, a las que se suman 54 autos de la Audiencia de Valencia que han resuelto recursos de apelación, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La causa, que investiga 233 homicidios y lesiones imprudentes, cuenta además con 449 piezas -una por cada fallecido y una por cada familiar perjudicado y por cada lesionado-;13 acusaciones populares y numerosas particulares, muchas agrupadas en torno a las asociaciones de víctimas. Su "gran complejidad" ha llevado a prorrogar varias veces la instrucción, la última hasta el próximo 30 de abril de 2027.
Además, se han incorporado numerosos informes, como los de Emergencias de la Generalitat -que han permitido saber que el 112 recibió ese día 19.821 llamadas, la mayoría a las 17 horas-, y se está a la espera de si Meta puede recuperar desde Estados Unidos los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, con él ese día.
¿Qué pasa con Mazón?
Tras quince meses de instrucción y ofrecerle tres veces declarar, la instructora pidió el pasado febrero al TSJCV que le imputara -ella no puede porque está aforado por ser diputado autonómico-, al considerar que su "exclusión voluntaria" en la emergencia "tuvo una repercusión decisiva" en los fallecimientos.
Sin embargo, el TSJCV rechazó en marzo abrir una causa penal al expresident, al estimar que no tenía la "posición de garante" en la gestión de la emergencia, mientras que en junio la Audiencia de Valencia admitió su personación, tras lo que Mazón defendió en su primer escrito que no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe.
