Un informe de Amnistía Internacional concluye que las autoridades de la Generalitat Valenciana, con una respuesta negligente tras la dana, vulneraron el derecho a la vida y a la integridad física de los afectados por no ofrecer información accesible y a tiempo. Una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece la obligación del Estado de salvaguardar vidas e incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal.
Por ello consideran que era el organismo autonómico al que le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección. Según Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, con toda la información de la que disponían podían haber adoptado medidas.
El informe titulado 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma' también concluye que la falta de coordinación contribuyó según Canales a una sensación de abandono puesto que afirman que las personas con las que han hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana.
Amnistía también hace catorce recomendaciones a las administraciones para que garanticen que nunca más una gestión negligente de una catástrofe ambiental violará el derecho a la vida y a la integridad física. Entre ellas, además de que se impulsen investigaciones penales, se reclama la revisión de los sistemas de comunicación y de avisos o el desarrollo de planes de formación en emergencias.
