La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) ha exigido agilidad y premura a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la licitación de la concesión administrativa de la gestión de la residencia de la tercera edad de Altabix.
Desde ReCoVa se insiste en que la actual concesión está caducada desde el pasado 30 de octubre y añade que aún no se sabe nada del proceso administrativo para la nueva concesión.
La entidad ha solicitado a la Generalitat a que en la nueva concesión prime criterios diferentes a los económicos.
Además, ReCova insiste que en la residencia de la tercera edad de Altabix sólo funciona uno de los tres hornos con los que cuenta el centro. También reclama que se dote a su servicio de cocina con una batidora más pequeña para poder elaborar los platos de las personas que tienen problemas de masticación y que, con urgencia, se arreglen los radiadores y timbres que no funcionan.
Residencia Domus Vi
Por otro lado, la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana ha denunciado deficiencias de funcionamiento en la residencia de personas mayores Domus Vi L’Aljub, donde, según asegura la entidad, se ha estado un mes sin médico por las mañanas. Ha añadido que ahora mismo el médico de la tarde está de vacaciones.
A través de un comunicado, ReCoVa ha señalado que ese déficit sanitario “ha desembocado en un grave deterioro de determinados residentes”.
Asimismo, se ha criticado que “a pesar del profundo cambio de normativa que se produjo el pasado 23 de diciembre con la Resolución de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que derogaba las restricciones COVID en las residencias de mayores y centros de día, tanto Domus Vi Aljub, como Domus Vi Carrús siguen sin permitir el acceso a las habitaciones de los residentes salvo autorización expresa y esto incumple la normativa mencionada. Ya está bien de este régimen semicarcelario”. “Los familiares tienen derecho a estar en la habitación con su residente; es su hogar”, se añade en el comunicado que concluye que “esa resolución es de obligado cumplimiento en toda la Comunitat Valenciana”.
