Los enlaces matrimoniales se realizaban en el Juzgado de Paz de Santa Pola

La Policía desarticula una red que desde Elche preparaba matrimonios de conveniencia para regularizar extranjeros

Hay 129 detenidos y se han esclarecido 72 enlaces matrimoniales irregulares.

David Alberola García

Elche | 18.05.2022 14:31

Agentes de la Policía Nacional con uno de los detenidos.
Agentes de la Policía Nacional con uno de los detenidos. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado una red que se dedicaba a preparar y llevar a efecto matrimonios de conveniencia entre personas extranjeras y españolas. El entramado estaba liderado por una abogada de Elche y los matrimonios se formalizaban en el Juzgado de Paz de Santa Pola. Hay 129 detenidos.

La red llevaba operando desde el año 2017 en las provincias de Alicante y la Región de Murcia.

La investigación, que se ha desarrollado bajo el nombre de 'PolaSanta', se ha prolongado durante tres años y ha permitido detener a 129 personas y detectar 72 enlaces matrimoniales presuntamente ilegales que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de la Policía este miércoles, por esos trámites fraudulentos los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros. La presunta cabecilla presuntamente instruía "meticulosamente" a los contrayentes para las entrevistas matrimoniales.

Los detenidos, 66 hombres y 63 mujeres, son de diversas nacionalidades y de edades comprendidas entre los 23 y 71 años. Ha sido puestos a disposición judicial bajo la acusación de delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.

El epicentro del entramado se encontraba en Elche, desde donde operaba una abogada, que a través de su gestoría, presuntamente había diseñado un complejo entramado criminal en el que participaban distintas personas con funciones diferenciadas. Sus labores estaban orientadas a conseguir, a través de la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios, la obtención de permisos de residencia de familiar comunitario para estos extranjeros en situación irregular, en gran mayoría de Marruecos y Argelia, a cambio de grandes cantidades de dinero.

El entramado incluso falsificaba contratos de alquiler y autorizaciones de empadronamiento si era necesario, siempre en la localidad de Santa Pola, en cuyo Juzgado de Paz se celebraría finalmente el ficticio enlace, para el que la trama contaba incluso con la participación de dos inmobiliarias de la villa marinera. Echaba mano también de "falsos testigos", como último escalón de participantes en el plan.

La propia abogada instruía meticulosamente a los contrayentes y testigos, en las distintas fases de todo el proceso.