El expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP; la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, también del PP; y el exportavoz del PSOE en la institución provincial, Antonio Amorós, se sientan desde este martes en el banquillo de los acusados en el juicio por el presunto amaño en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja en 2008 y 2009.
También están encausados los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros.
La vista ha arrancado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche.
Los abogados de todos los acusados han pedido anular las escuchas telefónicas que sustentan la acusación.
Mariano Bo, abogado del empresario Ángel Fenoll, ha recordado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Elche que ya ha habido un juicio en otras de las ramas del Brugal, en referencia al de las basuras de Orihuela, donde se dejó libre a los 34 acusados (entre ellos el empresario Fenoll y la exalcaldesa Lorente) por invalidarse parcialmente los pinchazos telefónicos de la policía.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para los 13 enjuiciados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Inicialmente, el expresidente de la Diputación de Alicante se enfrenta a una petición de condena de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación.
A juicio de Anticorrupción, las supuestas irregularidades que ahora se juzgan causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de más de 1,1 millones de euros.
La vista va a contar este mes con una decena de sesiones y está previsto que se retome el próximo año.
