Tania Baños: "No vengo a los juzgados a escondidas, no tengo nada que ocultar"
Son declaraciones de la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, antes de entrar en los juzgados para declarar por presuntamente un delito de prevaricación denunciado por el Partido Popular de la localidad.
La alcaldesa socialista de la Vall d’Uixó, Tania Baños, declara hoy en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación denunciado por el Partido Popular de la localidad. El PP les acusa de haber comido irregularidades con el pago de unas obras que aseguran, se realizaron sin contrato y sin expediente de contratación. Baños está declarando en estos momentos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Nules.
Antes de entrar a declarar, la alcaldesa de la vall ha asegurado que se trata de un error administrativo. Un error que asegura, se detectó en el momento del pago de la factura, cuando las obras ya habían finalizado. Así, señala, advirtió que el proceso no había sido el correcto y como los trabajos ya estaban hechos, el ejecutivo local decidió proceder al pago de la factura a posteriori. Así lo ha explicado la propia Tania Baños este mediodía
Resalta que ha querido dar la cara antes de entrar en los juzgados porque quiere ejercer la transparencia que siempre ha defendido desde su partido.
Recordamos que según el PP, la primera edil levantó un reparo del interventor en contra de los informes de los técnicos municipales.
Advierten de que la contratación de las obras de reparación de aceras en el Grupo La Unión no siguieron los procedimientos legales vigentes. Hablamos de un importe de cerca de 72 mil euros.En la querella, presentada por el Partido Popular, se explica que la intención de la alcaldesa era "eludir el procedimiento de adjudicación que sería preceptivo en la contratación de dichas obras, que requieren por imperativo legal el procedimiento de adjudicación abierto y con publicidad". Además, han aclarado los 'populares', anteriormente Tania Baños pagó a la misma empresa otras dos facturas por medio del fraccionamiento "fraudulento", que fueron aprobadas en junta de gobierno, por importe de 5.800 y 6.200 euros.