El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón ha condenado a la Diputación Provincial por vulnerar el derecho fundamental del PSPV-PSOE a la participación política, al denegar el acceso a varios expedientes solicitados para ejercer su labor de oposición. La sentencia, que aún puede ser recurrida, obliga a la institución presidida por Marta Barrachina (PP) a facilitar la documentación requerida y a pagar las costas judiciales.
El fallo responde a una denuncia presentada por el grupo socialista, que reclamaba información relativa a diversos asuntos de gestión pública. Según el tribunal, se impidió de forma injustificada el acceso a datos necesarios para la fiscalización del gobierno provincial, afectando a un derecho constitucional.
El portavoz socialista en la Diputación, Samuel Falomir, ha calificado la situación como “muy grave” y ha exigido una disculpa pública de Barrachina, a quien acusa de difundir mensajes engañosos sobre el trabajo de la oposición. Falomir también ha denunciado una “actitud autoritaria” por parte del PP, señalando que en los últimos meses se han enviado cartas con advertencias a cargos socialistas por sus críticas públicas.
