La Unió de Llauradors denuncia las "escandalosas" diferencias de precios entre el campo y la distribución --que pueden llegar a una variación de hasta el 1.298% en algunos productos, como la naranja-- en un contexto de gran inflación con elevados precios para los consumidores.
La organización agraria ha elaborado un estudio para demostrar las diferencias de precios de algunos productos hortofrutícolas desde su salida del campo en origen hasta la llegada a los lineales en destino de la distribución, todo ello "en un contexto de una alta inflación motivada en parte por las altas cotizaciones de los alimentos y también de la energía", según ha informado La Unió.
Entre los productos estudiados se encuentra la sandía, con la que el productor percibe de media 0,36 €/kg, en la fase de intermediarios llega a los 0,93 €/kg y en la distribución se dispara hasta los 2,20 €/kg. La diferencia entre campo y distribución alcanza el 511%.
Con el melón, apuntan, sucede "más de lo mismo". En campo se paga de media a 0,47 €/kg, en la fase de intermediarios a 1,66 €/kg y en la distribución a 1,85 €/kg. La diferencia entre campo y distribución es del 293%.
En cuanto a las naranjas, los productores en una campaña "realmente horrorosa" han cobrado de media 0,11 €/kg, en el segmento de los intermediarios ha llegado hasta los 0,67 €/kg y en los lineales de la distribución se ha encontrado a una media de 1,49 €/kg. La diferencia entre origen y destino ha sido del 1.298 %.
Los datos revelan que, en ese "aumento desorbitado" de los alimentos, los productores son los que se llevan la "peor parte", insisten.
CLÁUSULA EN CONTRATOS
Ante esta situación, La Unió propone el establecimiento de procedimientos públicos para el conocimiento y formación de los márgenes comerciales por parte de los diferentes agentes económicos que intervienen en la formación de los precios. También que se instaure un sistema público de elaboración de costes de producción de referencia para los contratos agroalimentarios obligatorios establecidos en la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. En este sentido, apuesta por la inclusión de una cláusula en los contratos que permita compartir los beneficios y costes generados en la cadena de valor en beneficio de los productores.
Además de una mejor regulación de los mercados, así como vigilar y sancionar las concertaciones de precios por parte de la demanda en perjuicio del agricultor y ganadero.
