El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que se insta al Gobierno central y al Consell a llevar a cabo las inversiones necesarias para impulsar el desarrollo de la provincia.La presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, ha destacado la importancia de estas inversiones para garantizar la "vertebración del territorio" y la "recuperación social".
La declaración, respaldada por toda la corporación provincial, subraya la necesidad de que los presupuestos del Gobierno central y de la Generalitat de 2024 contemplen los proyectos pendientes cruciales para el progreso de Castellón. Marta Barrachina enfatizó que la Diputación se erige como "el altavoz del conjunto de la provincia" para asegurar que las administraciones atiendan las demandas y necesidades de la región.
Dentro de las prioridades señaladas en la declaración, la financiación autonómica ha emergido como un punto central. Barrachina lamentó que hasta la fecha no se haya materializado y recordó las iniciativas previas de la Diputación, instando al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación de manera inmediata. Se busca garantizar servicios fundamentales y reclamar el reconocimiento del déficit acumulado, así como una inversión estatal proporcional a la población.
En la misma línea, Barrachina expresó firmemente la necesidad de una financiación justa por parte del Gobierno central, exigiendo para la provincia los mismos derechos que otros territorios. Además, se hizo especial hincapié en la defensa de la industria cerámica, vital para la economía local, instando al Gobierno a incluir "ayudas urgentes" para este sector.
La declaración también aborda temas cruciales para el desarrollo provincial, como la protección de la costa, la mejora de la red y servicios de Cercanías, la aceleración del Corredor Mediterráneo y la ejecución de la CV-10 para la vertebración de la provincia.
En el ámbito de la seguridad, se demanda la mejora de cuarteles de la Guardia Civil y la comisaría de la Policía Nacional, así como la financiación de desaladoras, ayudas al sector agrícola y la creación del Parador Nacional de Morella.
Las reivindicaciones dirigidas a la Generalitat Valenciana incluyen la ejecución de infraestructuras sociosanitarias y educativas, el respaldo al aeropuerto de Castellón, y la defensa del territorio y el cumplimiento de la legislación ambiental en la autorización de instalaciones energéticas de gran impacto.
En última instancia, la Diputación de Castellón hace un llamado a ambas administraciones para impulsar iniciativas que frenen la despoblación y contribuyan al desarrollo sostenible de la PRO
