El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castelló (COTS Castelló) ha señalado la existencia de retrasos y obstáculos en la valoración y asignación de recursos de la Ley de Dependencia en la provincia, situación que también se ha registrado en otras regiones de España.
Según el Colegio, factores como la “falta de personal técnico, los procesos administrativos lentos y una sobrecarga estructural del sistema” han generado lo que describen como “cuellos de botella”. Estas circunstancias han alargado los procedimientos y han provocado esperas prolongadas para las personas afectadas.
Vulneración de derechos por las demoras
Gloria Cantó, trabajadora social en COCEMFE Castellón, ha explicado que esta situación se ha vivido “muy de cerca” en la provincia. Aunque no ha gestionado directamente los expedientes, ha recogido “cada día el malestar, la incertidumbre y la frustración” de quienes han esperado un tiempo prolongado para que se valore su grado de dependencia o para recibir una resolución. Cantó ha indicado que estas demoras pueden suponer una vulneración de derechos, ya que afectan a apoyos considerados esenciales para la vida diaria.
El órgano colegial ha recordado que la Ley de Dependencia, vigente desde hace 18 años, estableció que el acceso a apoyos es un derecho, no una opción condicionada. Cantó ha señalado que esta ley ha cambiado el trabajo social al centrarse en que cada persona pueda tomar decisiones, vivir con dignidad y contar con los apoyos necesarios para su proyecto de vida. También ha destacado que la normativa ha avanzado hacia una mayor equidad, garantizando que la atención a la dependencia no dependa exclusivamente de los recursos familiares, sino que se reconozca como una responsabilidad pública.
El anteproyecto de reforma para 2025 propone abandonar modelos institucionalizados y apostar por apoyos que permitan a las personas permanecer en sus hogares. Desde COTS Castelló han expresado su respaldo a esta propuesta, aunque han señalado que “no ha bastado con que esté en la ley, ha hecho falta inversión, formación, voluntad política y coordinación entre administraciones”.
Cantó ha señalado que la reforma “ha generado expectativas” y que su planteamiento apunta hacia un cambio centrado en garantizar una vida digna, aunque ha comentado que “todavía no se han visto resultados claros ni generalizados”.
Entre las dificultades persistentes, han destacado “acceso limitado a recursos, retrasos en valoraciones y falta de apoyos suficientes”. Cantó ha solicitado “respuestas rápidas, recursos ajustados y atención centrada en cada persona”.
Los trabajadores sociales han resaltado que para garantizar derechos y dignidad es necesario aumentar recursos, mejorar la coordinación y “simplificar trámites con un enfoque ágil y centrado en la persona”.
