El sindicato CCOO PV reclamado una evaluación rigurosa del impacto ambiental, laboral y territorial del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para la planta de amoniaco verde prevista en el polígono del Serrallo de Castelló. El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Sostenibilidad, Antonio Inarejos, ha recordado que el sindicato comparte la urgencia de luchar contra el cambio climático, pero advierte de que “la transición ecológica y energética debe ser justa o no será”. En este sentido, considera que la figura del PIA no puede servir para acelerar trámites a costa de reducir garantías, acortar plazos de alegaciones o iniciar obras sin contar con todos los informes preceptivos, ya que —señala— estaría en juego la seguridad de las plantillas y de la ciudadanía.
El sindicato cuestiona además que el proyecto se presente como una gran oportunidad económica cuando, según denuncia, no contempla compromisos claros de suministro para sectores estratégicos valencianos como el cerámico, que necesita soluciones reales para avanzar en su descarbonización. CCOO considera “inadmisible” impulsar un modelo que extrae recursos del territorio sin reforzar el tejido productivo ni garantizar el futuro del empleo local, y alerta de que no puede consolidarse una estrategia industrial que no revierta directamente en las empresas y trabajadores de la Comunitat.
La organización sindical también advierte de los riesgos asociados al manejo de amoniaco —sustancia tóxica, cáustica e inflamable— que, por los volúmenes previstos, estaría sujeta a la normativa del Real Decreto 840/2015 (Directiva SEVESO III), lo que exige controles estrictos y transparencia absoluta. A ello suma el elevado consumo de agua y energía, el vertido de salmueras al mar y la posible afección a espacios protegidos como las Illes Columbretes, dentro de la Red Natura 2000, así como el impacto en la pesca y el turismo. CCOO PV insiste en que el proyecto no puede sortear el planeamiento urbanístico ni excluir a ayuntamientos y ciudadanía del debate, y exige evaluaciones ambientales y de riesgos laborales exhaustivas, empleo de calidad con garantías sociales y una planificación territorial que priorice la seguridad y el interés general.
