La diputada del PSPV encargada del Área Social en el grupo parlamentario de Les Corts, Laura Soler, ha dado a conocer hoy el texto de una Proposición No de Ley en la que insta al Consell a trasladar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que la Comunitat Valenciana "es un territorio inclusivo con la ciudadanía y que no tolera medidas que castiguen a las personas más vulnerables que viven en la calle".
Soler ha indicado que "sobrevivir no es un delito" y que "acabar en la calle es en sí una agresión que implica soledad e inseguridad y desde las administraciones se tienen que ofrecer soluciones para acabar con la desigualdad social que sufren las personas sin hogar".
Además, ha incidido en que la pandemia "ha agudizado aún más este riesgo de exclusión" y ha advertido que cuando los socialistas "gobiernen dentro de año y medio el Ayuntamiento derogarán esta norma, como se hizo con la que aprobó el PP en 2011".
La diputada por Alicante ha recalcado que "somos un territorio inclusivo y toleraremos medidas que castigan a quienes viven en la calle.
COMPROMÍS
Además, el diputado de Compromís en Les Corts Paco Garcia Latorre ha anunciado la intención de su grupo de llevar al parlamento valenciano una iniciativa de rechazo a la ordenanza municipal de Alicante con la, según denuncia, PP, Ciudadanos y Vox "pretenden que se multe con 3.000 euros a personas pobres que viven en la calle y a mujeres prostituidas".
"Estamos ante la ordenanza de la vergüenza porque atenta contra los derechos humanos y las personas más vulnerables. Se trata de una iniciativa insolidaria, cruel y vergonzosa, que incluso en el caso de las mujeres prostituidas equipara a explotadas con explotadores. Algo así no puede tener cabida en las disposiciones de un ayuntamiento democrático", ha criticado en un comunicado.
Igualmente, ha reiterado el "rechazo" de su formación a "este catálogo de medidas exclusivamente punitivas que no aportan soluciones a situaciones de exclusión social que el gobierno municipal del PP y Cs ha impulsado para contentar a sus socios de la extrema derecha".
Por último, Compromís ha instado al gobierno municipal alicantino a retirar este proyecto de Ordenanza de forma inmediata y dar un giro de 180 grados a sus políticas atendiendo a aquello que reclaman las entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables.
