Miguel Ángel García Martín insiste en que el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas. En Madrid, cifra, será de casi 44 millones de euros. Hasta la fecha, no ha recibido financiación por parte del Estado.
Por ello, ha explicado, “dado que el pasado viernes no se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia porque el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes rehusó plantear estas medidas, acabamos de realizar un requerimiento previo al Gobierno central instándole a cumplir con sus obligaciones legales. De no ser atendido formularemos el oportuno recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo".
MINISTRO "TROLAÑOS"
Denuncia García Martín que se trata de una norma que se ha hecho “sin contar con las comunidades autónomas que tenemos competencias en esta materia y, por lo tanto, la responsabilidad última de su ejecución, ni tampoco con el Poder Judicial”.
Tras el amago de Conferencia Sectorial del pasado viernes, que no se llegó a celebrar por el plante de las 7 comunidades gobernadas por los populares, el consejero ha informado de que ha enviado una nueva carta al ministro de Justicia, al que en un momento de su intervención ha calificado de "trolaños", instándole a convocar una nueva Conferencia que incluya seis puntos esenciales para el funcionamiento del sistema judicial.
El consejero portavoz ha insistido en que el ministro "es un cobarde con las comunidades del Partido Popular y muy valiente cuando tiene que decir ante los medios de comunicación que hemos hecho gamberrismo institucional". Preguntado por el tuit de Bolaños asegurando que Madrid había recibido ya 50,6 millones de euros, García Martín lo niega: "Le tuve que aclarar a la consejera de Hacienda que era un bulo más del ministro Trolaños, que nos ha contado una trola más", porque "no nos ha transferido nada y dudo que lo haga".
