El Bono Rural de Transporte a la demanda gratuito que hoy se ha presentado en la localidad palentina de Osorno, desde mañana dará servicio a 18 localidades de dicha zona: Abia de las Torres, Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega, Espinosa de Villagonzalo, Lantadilla, Osornillo, Las Cabañas de Castilla, Osorno, Santillana de Campos, Villadiezma, San Cristóbal de Boedo, Hijosa de Boedo, Santa Cruz de Boedo, Fuente-Andrino, Villaherreros, Villaprovedo, Villasarracino y Palacios de Riopisuerga (Burgos).
Esta zona cuenta con seis rutas que prestan tres empresas. En el año 2019, se registraron en estos itinerarios 162 reservas, que decayeron en el pasado curso hasta los 126 viajeros.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente irá implantando sucesivamente en el plazo de un año el Bono Rural de Transporte gratuito a las 11 zonas de transporte a la demanda e integrado (que da servicio a 282 localidades de la provincia, con 77 rutas y 76.640 usuarios potenciales). El pasado 6 de octubre se implantó en las 15 rutas y 51 localidades de la zona de Herrera de Pisuerga y las próximas zonas en las que el Bono Rural gratuito en la provincia de Palencia será una realidad antes de que finalice el año serán las de Frómista y Torquemada.
Con la puesta en marcha de este bono gratuito hoy en la localidad de Osorno, son ya 374 localidades y 80 rutas disponibles en toda la provincia de Palencia, tras la progresiva implantación que está realizando la Junta de Castilla y León, la cual se inició con Guardo, Saldaña, Aguilar de Campoo, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga y ahora continúa con Osorno.
La inversión estimada de la puesta en marcha de este sistema gratuito es de 600.000 euros anuales para las 123 zonas completadas de la Comunidad. A esta inversión es preciso añadir los 6,2 millones anuales aportados por la Administración autonómica para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda –907.100,28 euros en 2019 en la provincia de Palencia-. Sin esta financiación de la Junta de Castilla y León, el coste del servicio que habrían de soportar los usuarios sería aproximadamente de 12 euros el billete (ida y vuelta).
El transporte rural a la demanda será gratuito en Palencia en 2022 en las 11 zonas de Transporte a la Demanda, estructuradas en 201 rutas, que proporcionan servicio de transporte a la demanda a 440 localidades. La población conectada, incluyendo la capital de provincia, asciende a 155.250 habitantes, y sin incluir la capital de provincia, a 76.640.
Este es un servicio universal para toda la provincia que aplica la discriminación positiva y genera oportunidades en el mundo rural al mejorar los servicios públicos y sus infraestructuras, manteniendo la igualdad de oportunidades de vida de los ciudadanos, vivan donde vivan.
En cuanto al Transporte de Prestación Conjunta (de uso general y escolar), la provincia de Palencia cuenta con 77 rutas que benefician a 282 localidades. Desde el inicio del transporte a la demanda e integrado han utilizado estos servicios 337.716 viajeros, 14.150 de ellos en el año 2020, sin incluir escolares.
A partir de ahora, las nuevas tecnologías permitirán usar el transporte público de forma sencilla, tanto por jóvenes como por mayores, bien mediante el uso de una tarjeta física convencional, o a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil que genera un código de barras con el que se accede al autobús.
Modernización de Castilla y León, que desarrolla un nuevo Mapa de Transporte
Coincidiendo con la puesta en marcha del Bono Rural gratuito, se inicia un nuevo servicio de reserva de viajes vía web que convive con el número gratuito 900 204 020, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el teléfono móvil como medio de pago, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Al servicio de reserva de transporte a la demanda -implantado por la empresa tecnológica GMV- se accede a través de la página https://carreterasytransportes.jcyl.es.
Modernidad, sostenibilidad, accesibilidad
La implantación de este servicio es una iniciativa que supone un avance en la modernización de la provincia, ya que conlleva la extensión y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural. Además, su puesta en marcha se alinea con los ejes estratégicos del Mapa del Transporte que pretende un transporte comprometido con la
ciudadanía, con la sostenibilidad y con la modernización tecnológica y, sobre todo, comprometido con la movilidad en el medio rural, ya que se garantiza la accesibilidad territorial al generalizarse el transporte a la demanda, alcanzando el transporte público todas las localidades de la provincia de Palencia, cuando ahora son 31 las que no tienen aún transporte público.
Castilla y León, referente en movilidad pública
La Junta de Castilla y León ha venido desarrollando un sistema de transporte rural basado en las fórmulas de transporte a la demanda y transporte integrado, que incluye el transporte regular y el escolar, que ha convertido a esta Comunidad en referente en cuanto a movilidad pública.
El Transporte a la Demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario, optimizando los recursos tanto de la Administración como de los operadores de transporte -como dato al respecto, con el Transporte a la Demanda en Castilla y León los autobuses de la concesión han ahorrado 2,5 millones de litros de combustible y 7,3 millones de kilómetros de viajes (el 75 % menos que un servicio regular, convencional o presencial) y se han dejado de emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de CO2, ya que si no hay reservas el servicio no se presta y en el caso de que se preste sólo se haría en las localidades en las que hay reserva, sin obligación de entrar en el resto de las localidades de la ruta.
Tras 17 años de funcionamiento, el transporte a la demanda ha demostrado la utilidad y ventajas de este sistema en un escenario de dispersión de población y baja densidad demográfica, y que ha conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.
Por su parte, el Transporte Integrado presta simultáneamente servicios de uso general (dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado) y de usos más restringidos (grupos específicos de usuarios -en este caso escolares-) compartiendo un mismo vehículo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración.
Se basa en reservar (por la Administración Educativa) determinadas plazas en el transporte público regular de uso general para ser utilizadas exclusivamente por escolares y acompañante/s. El resto de las plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de transporte público regular de viajeros de uso general. Estas plazas se gestionan conforme al sistema de “transporte a la demanda”, que permite al ciudadano hacer llegar sus necesidades de transporte a través de métodos telefónicos gratuitos y telemáticos.
La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano; y de acuerdo con esto, las Administraciones Públicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros.
La crisis sanitaria elevó los déficits de explotación hasta superar los 27,5 millones de euros debido a la caída de la demanda cerca de un 70% y que obligó a la Junta a utilizar fondos extraordinarios de financiación en el apoyo de la Junta a garantizar el equilibrio económico financiero de las concesiones, lo que ha supuesto una ayuda esencial para el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo en el sector.
