Según apunta, tras la aprobación en el año 2006 del POM de Toledo, con los votos favorables de Partido Popular y Partido Socialista en el pleno del 2 de junio de ese año y su posterior publicación en el año 2007, se volvía a licitar la gestión del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad que tenía una previsión de crecimiento de población de hasta 200.000 habitantes.
En base a esa información, añade, la empresa que licita presenta una oferta con la intención de obtener beneficios y réditos empresariales a partir del cobro de los recibos para el servicio de esos 200.000 habitantes pero como no tiene ese crecimiento, comienza un largo proceso de litigios judiciales exigiendo un beneficio industrial que estaba firmado en los pliegos.
IU manifiesta que dentro de todo este proceso judicial, la Corporación del que hoy es presidente de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Socialista, Emiliano García-Page, incluyó el "perdón" de 70 millones de euros a la empresa privada que gestiona el agua y que deberían ir a el mantenimiento de la red de abastecimiento y saneamiento.
"Quizás esa inversión hubiera provocado tener una red sana y se hubieran evitado roturas de tuberías como las de hoy mismo en el barrio del Polígono", ha indicado Txema Fernández, que añade que "la Ley obliga a los ayuntamientos a gestionar el abastecimiento y el saneamiento de la ciudad".
"No podemos esconder la cabeza ni ante la responsabilidad de gestión de un servicio básico esencial, ni ante las decisiones judiciales que condenan los procesos mercantilizadores sucesivos de todos los gobiernos municipales de la ciudad de Toledo avalado, por ejemplo, por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 2 de agosto de 2018", ha continuado Fernández.
Bajo su punto de vista, si el agua se convierte en una mercancía para especular con ella, lo normal es que los especuladores pidan responsabilidades a quienes no les permiten conseguir los beneficios esperados. "Eso es lo que ha ocurrido en Toledo con los sucesivos procesos privatizadores de la gestión de un derecho humano esencial que debería estar en manos de la ciudadanía y no en manos de grandes corporaciones multinacionales cuyo objetivo principal es tener más beneficio, sin que se incluya en su plan de negocio ningún criterio social en la prestación de este servicio".
