Esa querella también se dirigía contra la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, y contra la presidenta del Comité Organizador del Congreso del PP del que salió elegida Buruaga, Jesusa Sánchez.
La Sala de lo Civil y Penal desestimó a primeros de agosto la querella porque, según los magistrados, los hechos que se recogen en ella no son constitutivos de los delitos que se imputan.
Entre los hechos que se describían como presuntamente constitutivos de delito y que se atribuían a Buruaga, González Revuelta y Sánchez, se hablaba del pago de cuotas a 491 afiliados del PP de Laredo, una cuestión que ya fue objeto de un proceso que fue archivado por el Juzgado de Instrucción y por la Audiencia de Cantabria, al entender que no había indicios de delito.
También se hacía referencia a la inclusión "arbitraria" de afiliados como compromisarios en el proceso de primarias, y a la exclusión, "sin motivo legal alguno", de otras personas dentro de la circunscripción de Laredo, y se denunciaba que la tesorera en ese momento -González Revuelta- admitió la participación de afiliados que pagaron sus cuotas fuera de plazo.
La querella se planteaba por presuntos delito electoral, de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa, por las "ilícitas actuaciones y múltiples irregularidades" que, según los querellantes, se produjeron en el proceso por el que Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta del PP cántabro.
La Sala que analizó y desestimó la querella estaba formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, y los magistrados Paz Hidalgo y José Ignacio López Cárcamo.
Cuando la querella fue rechazada, el portavoz del sector crítico contra la presidenta del PP, Joaquín Solanas, ya adelantó que se iba a presentar el recurso inmediatamente una vez concluido agosto, "dentro de los plazos previstos".
También avanzó que se podría recusar a componentes de la Sala de lo Civil y Penal que desestimaron la querella por las vinculaciones que, a su entender, tienen con el PP, como así ha sido finalmente.
Paz Hidalgo, ponente de la resolución por la que se desestimó la querella, fue nombrada magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 2011, tras ser propuesta para ese cargo por el Partido Popular.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia fue director general de la Comunidad de Madrid durante la Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
La Sala de lo Civil y Penal tendrá que decidir si admite las recusaciones y, de ser así, nombrará un instructor que dará traslado a las partes y al fiscal para que se pronuncien, antes de resolver el recurso de súplica.