Izquierda Unida (IU) de Santander ha solicitado al juzgado la ejecución forzosa del auto que ordena la reapertura provisional del tráfico bajo el arco de Faro Santander y ha instado a que requiera al Ayuntamiento un plazo máximo de 24 horas para cumplirlo.
En este sentido, IU ha recordado que el auto, fechado el 2 de septiembre, ordenó permitir el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios y reparto sobre la plataforma existente y con la señalización que determine el Ayuntamiento, quien, por su parte, ha pedido la revocación de las cautelares, y ha indicado que con independencia de esta petición y de la tramitación del procedimiento no podrá restablecerse la circulación hasta el próximo 18 de septiembre.
Al respecto, IU, que el día 4 dio tres días al Ayuntamiento para reabrirlo o exigiría la ejecución forzosa, ha rechazado que las actividades de inauguración de Faro Santander puedan justificar el mantener sin ejecutar la resolución judicial hasta el 18 de septiembre.
Y es que, el escrito registrado recuerda que la propia Ordenanza de Movilidad municipal permite establecer limitaciones temporales del tránsito cuando un evento de interés público lo requiera.
"Si determinados actos de Faro necesitan cortar el tráfico durante unas horas por seguridad, el Ayuntamiento tiene herramientas para hacerlo. Lo que no puede hacer es utilizar una programación de eventos para decidir por su cuenta que una resolución judicial no se cumple durante dos semanas", ha declarado el concejal de IU, Keruin Martínez.
El edil ha lamentado que la alcaldesa, Gema Igual, haya "despreciado la cortesía de tres días" que le dio la formación, y haya dejado "otro requerimiento formal sin responder, ni siquiera con acuse de recibo".
En su escrito, IU solicita además que se aperciba a la regidora, al concejal de Fomento, Agustín Navarro, y a los funcionarios responsables de que, si tampoco se cumple el nuevo requerimiento judicial, podrán imponerse multas individuales y deducirse testimonio al Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia.
Para Martínez, la argumentación municipal refuerza las dudas sobre cómo se tomó originalmente la decisión.
"Durante meses preguntamos dónde estaba la decisión administrativa que permitía cambiar el uso de esta calle y no existía. Ahora, después de que un juez ordene reabrirla, tramitan lo que faltaba y reúnen informes para defender lo que ya habían hecho. Lo normal es estudiar primero, informar y después decidir. Aquí ha sucedido al revés, y esa es la vía de hecho que el juez ha apreciado a efectos cautelares en el auto", ha expuesto.
Por ello, ha anunciado que IU analizará cuándo fueron solicitados y emitidos estos informes y en qué términos fueron encargados.
Entre los argumentos conocidos, ha considerado especialmente llamativo que se destaque como circunstancia "relevante" que no haya ninguna persona empadronada exactamente en los 37,7 metros bajo el arco. "Los vecinos de San Celedonio, Aguayos, Río de la Pila y las calles del entorno no necesitan vivir literalmente debajo del arco para verse afectados", ha señalado.
Una comunidad se adhiere a la causa
Por otra parte, el edil ha informado de que una comunidad de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, formada por 84 viviendas y 58 garajes, ha pedido adherirse a la causa contra el cierre después de haber reclamado, ya en el mes de abril, que se permitiera el paso, al menos, a residentes, taxis, vehículos de emergencia y autobuses.
De igual modo, ha añadido que otros vecinos y comunidades también se han puesto en contacto con la formación para interesarse por la acción legal que está en marcha.
Por otro lado, IU ha rechazado también que las actividades de inauguración de Faro Santander puedan justificar el mantener sin ejecutar la resolución judicial hasta el 18 de septiembre.
Y es que, el escrito registrado recuerda que la propia Ordenanza de Movilidad municipal permite establecer limitaciones temporales del tránsito cuando un evento de interés público lo requiera.
"Si determinados actos de Faro necesitan cortar el tráfico durante unas horas por seguridad, el Ayuntamiento tiene herramientas para hacerlo. Lo que no puede hacer es utilizar una programación de eventos para decidir por su cuenta que una resolución judicial no se cumple durante dos semanas", ha concluido Martínez.
