Canarias no registró ninguna nueva vivienda de protección oficial (VPO) calificada durante 2025. Así lo reflejan los datos de la estadística trimestral sobre vivienda libre y protegida elaborada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, recogidos por Europa Press.
El archipiélago figura junto a La Rioja, Murcia y Cantabria, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, entre los territorios que no calificaron ninguna vivienda protegida el pasado año. A nivel nacional, el número total de calificaciones definitivas de vivienda protegida se situó en 11.104 unidades, lo que supone un descenso del 22,7% respecto a 2024. Pese a esta caída, la cifra de 2025 representa el segundo mejor registro desde 2014, solo por detrás del dato alcanzado en 2024, cuando se contabilizaron 14.371 viviendas protegidas.
Si se observa únicamente el último trimestre del año, entre octubre y diciembre se calificaron 4.606 viviendas protegidas, un 28,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.
En contraste, la construcción de vivienda libre mantuvo una evolución al alza. Durante 2025 se iniciaron 121.827 viviendas, un 8,6% más que el año anterior. Solo en el último trimestre comenzaron a edificarse 34.200 viviendas, lo que supone un incremento del 21,6%.
Por comunidades, Cataluña lideró la creación de vivienda protegida con 3.517 unidades, seguida de Andalucía con 2.265 y la Comunidad de Madrid con 2.048.
En cuanto a las viviendas libres iniciadas durante el año, Andalucía volvió a situarse en primer lugar con 27.454, por delante de Madrid (17.718) y Comunidad Valenciana (14.256). En el extremo opuesto se encuentran Ceuta (24), Melilla (133) y La Rioja (1.405).
Predominio de promotores privados
Del total de viviendas protegidas calificadas en España en 2025, el 63,6% (7.058 viviendas) fueron promovidas por iniciativa privada, mientras que el 36,4% restante (4.046) correspondieron a promotores públicos, ya sea mediante planes autonómicos o estatales.
En comparación con el año anterior, las promociones privadas experimentaron una caída del 33,5%, mientras que las impulsadas por administraciones públicas aumentaron un 7,9%. Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan además que esta estadística no incluye todas las viviendas públicas existentes, ya que quedan fuera algunas promociones vinculadas a programas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
