El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha visitado esta mañana el Centro de Formación para el Consumo de Ribadesella, con motivo del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, junto con el alcalde del concejo, Ramón Canal, y el director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, José Ignacio Altolaguirre.
Fernández Muñiz ha destacado la gran actividad del centro riosellano, que cuenta con la segunda mayor actividad de Asturias.
Datos autonómicos
La Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo retiró del mercado el año pasado 71.774 artículos inseguros, de los que 57.612 eran mascarillas que no cumplían con los preceptivos requisitos. Este órgano, dependiente de la Consejería de Salud, realizó 2.871 inspecciones en su función de defensa de los derechos de la ciudadanía.
En el actual contexto de pandemia, la agencia ejerce un control permanente sobre las mascarillas para verificar aspectos como el etiquetado, la veracidad de las características publicitadas, la documentación y acreditaciones técnicas y las restantes exigencias legales que deben cumplir estos productos, tanto en establecimientos comerciales como en su venta por internet.
Por otra parte, a lo largo del año pasado atendió 1.919 consultas y tramitó 1.792 reclamaciones, de las que 733 fueron trasladadas a otros organismos competentes. La propia agencia gestionó el resto de las quejas (1.059), que dieron lugar a la incoación de 127 expedientes sancionadores.
De las reclamaciones tramitadas, 420 fueron solicitudes de arbitraje de consumo, un sistema extrajudicial de resolución de conflictos, voluntario y gratuito para las partes, en el que empresa y cliente se comprometen a aceptar la resolución que se dicte, y que se caracteriza por su rapidez. Actualmente, 1.350 empresas están adheridas a esta fórmula arbitral.
Las telecomunicaciones, con 508 quejas (28%), copan el mayor número de reclamaciones, seguidas por el comercio minorista, con 264 (15%); los servicios financieros y seguros, con 111 (6,2%); los servicios sanitarios privados, con 107 (6%), y la venta y reparación de vehículos, con 105 (5,9%). También fueron objeto de reclamaciones las actividades turísticas (91), el comercio electrónico (88), los suministros domésticos (78) y el transporte aéreo (51).
