En Aragón cada día se producen entre dos y tres desahucios de personas que han dejado de pagar el alquiler, según estimaciones de Stop Deshuacios. Hoy mismo estaba previsto desalojar de su vivienda a una mujer, de 51 años, y a su hija, de 11, del piso en el que residían en el barrio zaragozano de Torrero. Finalmente, el desahucio ha sido paralizado.
Esta mujer, Esmeralda, apenas cobra 600 euros en ayudas y el alquiler mensual es de 320 euros, por lo que decidió dejar de pagar la renta para poder mantener a su hija. La representante de STOP Desahucios, Concha Cano, ha valorado que ahora podrán negociar alternativas habitacionales para esa mujer y su hija. “Está contenta pero con un ataque de ansiedad por los nervios que ha pasado esta mañana”, ha explicado Cano, en referencia a Esmeralda.
Decretos del Gobierno
El debate sobre el asunto de los desahucios se ha vuelto a poner sobre la mesa con Maricarmen, la señora de 87 años desahuciada en Madrid recientemente. El caso ha empujado al Gobierno de España a intentar tomar medidas.
En ese sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos decretos sobre vivienda, después de que el Partido Socialista y SUMAR haya llegado a un acuerdo in extremis para poner en marcha medidas que faciliten el acceso a un piso y contra los desahucios.
Por ejemplo, incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Uno de los colectivos con mayores problemas para acceder a la vivienda son los jóvenes. Por eso, reclaman medidas para reducir el precio de los pisos y del alquiler. Y es que destinan buena parte de su renta a la vivienda.
Políticas de Vivienda en Aragón
La directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, María Pía Canals, ha recordado que son leyes del PSOE las que han llevado a la situación de Mari Carmen. En su comparecencia ante las Cortes, Canals ha asegurado que el ejecutivo aragonés seguirá trabajando para aumentar la oferta de vivienda para facilitar el acceso de toda la población y mejorar la situación del mercado. Desde 2023, se han puesto en marcha 3.600 viviendas públicas y 1.857 pisos protegidos.
Además, se lanzará un Observatorio de la Vivienda para conocer la evolución de los precios o la oferta. En su comparecencia, Canals ha recordado que Aragón aplicará el Plan Estatal de Vivienda, aunque todavía no se ha firmado con el Ministerio, y ha aclarado que el ejecutivo seguirá negándose a aplicar la Ley estatal de Vivienda porque supone intervenir el sector y no soluciona las causas del problema. Además, reprocha que no se facilite la cesión de suelos de la SAREB o las escasas ayudas recibidas en comparación con País Vasco o Cataluña.
