Los acampados en la Puerta del Sol de Madrid han completado su segunda noche en protesta por la situación de la vivienda. A consecuencia del desahucio de Maricarmen, vecina madrileña de 87 años que fue obligada a dejar la que había sido su casa durante más de siete décadas, el Sindicato de Inquilinas de Madrid impulsó esta concentración llamada a permanecer hasta que el Gobierno presente un decreto con medidas que impacten en la problemática en España.
"El poder lo tenemos nosotras. Y pase lo que pase el martes, lo seguiremos teniendo nosotras y vamos a reaccionar. Claro que sí. Porque eso (el real decreto) sería sentar simplemente la primera piedra para caminar, para acercarnos cada vez más a la meta real, que es acabar con su negocio de mierda, acabar con el negocio de la vivienda", ha expresado una de las portavoces del sindicato, Valeria Racu, en un discurso en la Puerta del Sol.
El decreto sigue en el aire y el Gobierno trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros de este martes un nuevo decreto sobre vivienda, como afirmó el propio Pedro Sánchez en un acto con el PSOE. También pidió a los grupos parlamentarios un "último esfuerzo" para que éste sea convalidado en el Congreso.
Las comunidades cubrirían los gastos de los inquilinos que no pagan
Lo cierto es que por el momento hay muchas diferencias entre PSOE y Sumar para llevar a cabo este decreto. Según Artículo14, el último borrador sobre el que trabajan los socialistas trae determinadas novedades con respecto al que aprobó el pasado mes de julio y que tienen que ver con salvaguardar las condiciones de los inquilinos llamados vulnerables.
Una de ellas, que las comunidades autónomas se encarguen de pagar los gastos si un inquilino no puede pagar: si la región no halla una solución para un caso de estas características, deberá pagar tanto gastos del inquilino como las rentas al propietario de la vivienda. El borrador incorpora también sanciones para las comunidades autónomas que se retrasen en el pago, con intereses extra.
Esto es apoya en la modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero del Enjuiciamiento Civil. Así, los tribunales decidirán si un desahucio sigue adelante o no tras recibir información de la Administración competente y de las partes afectadas con un plazo máximo de dos meses o de cuatro meses en el caso de las personas jurídicas. Si no hay respuesta, el proceso se suspendería hasta garantizar una alternativa habitacional "adecuada", asumiendo la administración autonómica "los gastos necesarios", desde impagos de renta, costes de suministros impagados y daños causados por la persona demandada en la vivienda. No obstante, esto no supondrá la "desaparición de la obligación de mantenerse al corriente de la renta debida".
La suspensión se podrá revisar cada 12 meses, por si se prolonga la situación de vulnerabilidad o falta de alternativa habitacional, mientras que el Estado ofrecería una línea de ayudas para cubrir posibles impagos de alquiler para jóvenes y otros colectivos vulnerables.
Nuevos plazos para romper contratos desde la firma
También se cambian los plazos para romper un contrato una vez que hayan pasado seis meses desde su firma, avisando al propietario con una antelación mínima de 30 días. En los casos de alquiler temporal, el inquilino podrá terminar con el contrato si se ha cumplido solo un mes desde que se firmó, avisando con diez días de antelación.
El borrador del PSOE también incorpora cambios en el ámbito fiscal. Ahora da capacidad a los ayuntamientos para establecer recargos de tipos diferenciados para bienes inmuebles urbanos (no de usos residenciales) que se pueden aplicar al 10% de este tipo de inmuebles que tengan más valor catastral para cada uso.
Además, permitirá a los ayuntamientos exigir un recargo del 100% como máximo del IBI para viviendas desocupadas de forma continuada y sin una causa justificada por un plazo superior a dos años. Por último, según informa Artículo14, la renta imputable será más alta en cuanto a IRPF si se tiene a disposición un inmueble que no esté destinado a ser vivienda habitual ni esté alquilado.
Expropiación si el inquilino tiene 70 años y permanece en una vivienda 15 años
El borrador de Sumar recoge otras propuestas, como la de dar competencia al Gobierno para expropiar una vivienda si el inquilino es mayor de 70 años y ha vivido en la misma los últimos 15 años. Según Artículo14, el PSOE se muestra en contra de esta iniciativa, por lo que se avecina tormenta en la coalición a cuenta del Consejo de Ministros de este martes.
Este texto de la formación de Yolanda Díaz va más allá y habla de regular estas propuestas de expropiación por parte del Ministerio de Vivienda basándose en la ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. Basándose en dicha ley franquista, Sumar propone que, si el propietario de la vivienda no da al inquilino una solución "razonable", se pondrá en marcha la expropiación.
Todo ello, si el inquilino tiene 70 años o más, por lo que en estos casos estaría exento de pagar nada por el uso de la vivienda, siendo la administración expropiante o Casa 47 la encargada de pagar la indemnización al propietario del inmueble. Artículo14 también asegura que el borrador incluye un anexo de fincas que se pueden expropiar por la "necesidad de vivienda".
