El desahucio de Maricarmen este pasado miércoles ha centrado todas las miradas en la empresa propietaria de la vivienda. Conocida como 'Urbagestión', la empresa ha logrado tras ocho años de lucha judicial expulsar a la vecina de 87 años.
Su nombre ha copado todos los titulares en los últimos días después de que hayan circulado numerosas informaciones a su alrededor. Según han publicado diversos medios, la empresa llegó a recibir una oferta del Gobierno para adquirir la vivienda, e incluso una famosa escritora se ofreció a pagar parte del alquiler de Maricarmen. Unas versiones Urbagestión ha negado completamente, asegurando no haber recibido ningún contrato formal.
Por ello, tras varios días en silencio, la empresa ha presentado una propuesta para lograr que la vecina pueda recuperar su piso. La idea era incorporar el piso al programa municipal ReViVa, con el objetivo de que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda con un alquiler "estable y asequible". No obstante, el Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta puesto que el inmueble no reúne los requisitos legales establecidos en las bases de este programa ni tampoco los contemplados en los otros programas municipales de compra de vivienda.
La tensión respecto al caso continúa y desde la empresa denuncian la difícil situación que atraviesan tras la movilización. En declaraciones para Onda Cero, el propietario de la empresa asegura haber recibido "un paquete lleno de cucarachas".
Las amenazas a Urbagestión
Tras la ejecución del desahucio, la empresa se ha visto sometida a una fuerte presión. Sus números de teléfono, sus direcciones y toda información relativa a la empresa se ha visto comprometida. Tanto es así que el propietario ha denunciado "no poder trabajar" desde que se hicieron públicos los datos.
Según su versión, la compañía estaría recibiendo un volumen extraordinario de llamadas y correos electrónicos que estaría dificultando su actividad habitual. Asimismo, asegura que se han producido acciones de presión dirigidas contra la empresa y sus trabajadores hasta el punto de haber llegado a recibir un paquete con animales vivos.
Tal y como ha detallado en exclusiva para este medio, en el interior habría encontrado cucarachas, algo que ya ha sido puesto en conocimiento de la policía.
La magnitud del caso ha llevado al propietario a trasladar su temor a aparecer públicamente y su preocupación por su integridad personal. Según ha explicado, la presión recibida ha alcanzado un punto que le hace temer por su seguridad.
La empresa niega ser un 'fondo buitre'
La empresa ha vuelto a recalcar que su situación dista de la imagen que se ha proyectado durante las últimas semanas. Su propietario ha explicado que Urbagestión no es un fondo inmobiliario, sino una pequeña empresa dedicada a la consultoría y a la gestión de operaciones inmobiliarias.
El propietario ha subrayado que la sociedad terminó quedándose con la vivienda como parte de la remuneración derivada de una operación relacionada con la adquisición del edificio.
Por ello, la propia compañía se define públicamente como una plataforma dedicada a la inversión y gestión de activos inmobiliarios y rechaza que se la califique como "fondo buitre".
Dos versiones enfrentadas
Una vez conocida la historia narrada por la empresa, dos versiones chocan por completo. Por un lado, la defensa de Maricarmen sostiene que se realizaron diferentes intentos para encontrar una solución y que Urbagestión rechazó las alternativas planteadas.
No obstante, la propiedad sostiene que sí existió voluntad de negociar, pero que la intervención del Sindicato de Inquilinas dificultó el contacto directo con Maricarmen. El responsable de Urbagestión defiende que, una vez resuelta definitivamente la disputa judicial, la empresa estaba en disposición de fijar una solución.
Sin embargo, desde la afiliación de Maricarmen al sindicato, el propietario ha destacado que fue "imposible" contactar con ella para negociar. Finalmente, no se produjo ningún acuerdo, derivando en el desahucio de la vecina de 87 años.
Las graves acusaciones a la compañía han derivado en que la propiedad haya emprendido acciones legales contra el Sindicato de Inquilinas por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor.
Como compensación, la sociedad exige que el Sindicato de Inquilinas de Madrid pida perdón por escrito y abone 10.000 euros como indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados.
Fuentes del sindicato han explicado que ambas partes acudieron a un acto de conciliación. "No hubo acuerdo porque no nos vamos a retractar de qué son unos buitres, como se ha demostrado con el desahucio", han reivindicado.
