Colectivos vecinales como la Federación de Barrios de Zaragoza, CAVA Aragón, los sindicatos UGT y CCOO, Ecodes, REAS y la Red Aragonesa de entidades sociales para la Inclusión, han firmado el Pacto Ciudadano por el Derecho a la Vivienda para atajar un problema que afecta cada vez a más españoles. Piden aplicar la Ley estatal para limitar el precio del alquiler, que las viviendas protegidas no pierdan nunca su calificación, combatir los desahucios o más ayudas públicas para compra o alquiler. Apuestan por regenerar también los barrios y limitar los pisos turísticos.
En Aragón se estima que hay unas 136.000 viviendas vacías, la mayoría de ellas repartidas en el medio rural. Pepe Polo, presidente de la confederación de entidades vecinales (CAVA Aragón), cree que esa cifra supone una oportunidad para dinamizar los pueblos. El teletrabajo o el encarecimiento de las ciudades debería animar a liberar esas aproximadamente 100.000 viviendas.
Los firmantes creen que el derecho fundamental a un techo no se está garantizando actualmente ya que la vivienda se ha convertido casi en un lujo para muchas personas, no sólo vulnerables. Estos colectivos han advertido además de que personas con contratos fijos y salarios por encima del SMI ya en muchos casos no pueden permitirse vivir solos. Los precios de venta de vivienda se han disparado y por eso, los sindicatos mayoritarios apuestan por abaratarla mediante la construcción industrializada. Además, plantean lanzar una ILP para reivindicar una Ley de Alquileres - similar a la británica - e introducir el problema de la vivienda en la negociación colectiva.
