En este contexto alcista del acoso escolar, el B.O.A. publicaba este lunes la modificación de la normativa que establece los protocolos de actuación con el objetivo de mejorar la rapidez y eficacia ante situaciones de violencia en el ámbito educativo, anticipando la intervención para erradicar el problema antes de que alcance mayor gravedad. De este modo, se establece la obligación de activar los protocolos en menos de 24 horas ante cualquier indicio de acoso entre escolares.
Desde el sindicato CSIF, su responsable de Educación, Gema Tomás, hace una valoración positiva de lo que propone la nueva norma, pero recuerda que los protocolos no tienen sentido si no hay recursos para que sean efectivos. "La normativa es muy bien recibida. Que podamos actuar con rapidez ante cualquier caso de acoso es lo que se tiene que hacer, pero el papel es una cosa y la realidad en los centros educativos en el día a día es otra".
"Esto tendría que ir acompañado de inversión, de formación y de unas medidas estructurales para que se pueda actuar sobre el problema muy a fondo", recalca la portavoz de CSIF. "Estamos hablando de que esta normativa refuerza la coordinación con inspección educativa, con lo cuál se necesitará un mayor refuerzo en ese cuerpo de inspección para abordar todos los casos que puedan llegar", ha señalado. El aumento del número de denuncias también requerirá, según los sindicatos, de personal especializado en los centros "para identificar correctamente cada uno de los casos"
