El Gobierno de Aragón ya ha presentado alegaciones contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes del Gobierno de España, atendiendo así a la petición del Tribunal Supremo. El ejecutivo aragonés le pide la paralización cautelar de la tramitación administrativa del proceso hasta que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre si la regularización de Sánchez contraviene o no el derecho comunitario.
La vicepresidenta, Mar Vaquero, ve necesario suspenderlo cautelarmente, aunque con carácter de reversibilidad, para que siga su curso en caso de que el proceso tenga aval europeo para seguir adelante. La suspensión paralizaría y retraería al momento anterior las autorizaciones provisionales recibidas por muchos solicitantes. Vaquero defiende que esta petición da seguridad jurídica a las casi 34.000 personas que han pedido ser regularizadas aquí en Aragón.
Acompañada por el director general de los Servicios Jurídicos del ejecutivo, Juan Pérez Más, Vaquero ha insistido en las dudas legales que siempre ha generado este proceso en Aragón. Por eso – como Comunidad Valenciana – presentaron un recurso contencioso administrativo. El Supremo esta semana dio plazo de cinco días a las partes para presentar alegaciones antes de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice si la normativa del gobierno Sánchez colisiona con la europea.
