Así, en un comunicado, CEA rechaza los acuerdos alcanzados por cuanto "quebrantan" el principio elemental de la igualdad entre todos los españoles en los órdenes político, jurídico, económico y social, al tiempo que denuncia la "gravedad" de los acuerdos, que suponen "una ruptura de la separación de poderes y ponen en riesgo el orden constitucional y la convivencia de todos los españoles".
De igual forma, los empresarios consideran que se ven afectadas la reputación e imagen de España, ya que ciudadanos y empresas se ven perjudicados por la "inseguridad jurídica resultante", así como por la "inestabilidad" política, jurídica e institucional; un marco de "incertidumbre incompatible" con la confianza y la estabilidad que requiere la inversión.
Además, CEA expresa que es "especialmente alarmante" la amnistía y la creación de un relato que parte de la impunidad de quienes sistemáticamente se han opuesto al Estado de Derecho, muchos de ellos a través, incluso, de la comisión de delitos y de la violencia.
Por otra parte, ha continuado, las concesiones anunciadas en condonación de deudas; en materia de financiación autonómica; pactos fiscales; inversiones e infraestructuras para algunas comunidades generarían privilegios para ciudadanos y empresas en unas partes de España y, a la vez, crearían una "brecha insalvable" con los ciudadanos y empresas españolas radicados en el resto del territorio.
Asimismo, CEA subraya que los acuerdos afectan al ámbito de las relaciones laborales, distinguidas por desarrollarse a través del diálogo social entre las partes concernidas. Este cauce consensuado se obvia ahora con el acuerdo de una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Sin entrar en su contenido, es ya una "grave amenaza" a la vocación de diálogo social que debe presidir el ejercicio de la acción legislativa en materia laboral, como se indica desde la Organización Internacional del Trabajo.
Por último, CEA, organización empresarial de referencia en Andalucía, donde aglutina a 180.000 empresas y cerca de 800 organizaciones empresariales, alerta del clima de "incredulidad" social generado. Muchas de las medidas ahora pactadas no formaban parte de los programas electorales de los principales partidos que los firman e incluso fueron negadas en el transcurso de la campaña electoral. Por tanto, "no han sido sometidas al democrático refrendo de las urnas, elemento básico de cualquier sistema democrático", concluyen los empresarios.
