El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cumplió finalmente su compromiso de visitar el edificio donde se pretende abrir un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en la zona residencial de El Olivar.
Aunque la cita con los vecinos estaba fijada a las 17:30, el alcalde llegó a las 17:00 y mantuvo primero una reunión con representantes de la empresa Meridianos, adjudicataria del futuro centro. Este gesto fue recibido por los vecinos como un desplante, fue en esos momentos cuando los ánimos estuvieron más caldeados, con los vecinos agolpados frente a la puerta de lo que se pretende sea el CIMI de la provincia de Málaga y conminando al alcalde a que saliera.
A día de hoy, dos de junio, Meridianos tiene allí a trabajadores, que han aparcado en una calle que no está preparada. Los menores infractores en otras provincias no han llegado y la comunidad de propietarios de El Olivar duda que hayan podido presentar toda la documentación para formalizar el contrato, sobre todo en lo referido a la licencia de apertura municipal del edificio.
El domingo, cuando finalmente el alcalde salió a hablar con los presentes, unos 150 vecinos de Churriana, reunidos en las inmediaciones del edificio, corearon su rechazo al proyecto con gritos como “¡Dónde está la transparencia!” o “¡No al centro ilegal!”. Se desplegaron pancartas y se reiteraron los argumentos técnicos, legales y sociales que hacen inviable la apertura del centro.
El alcalde aseguró que “si abre, es porque el centro tiene los papeles en regla”, pero la realidad, según los vecinos, es bien distinta: lo único que se ha presentado son una serie de declaraciones responsables (DR), sin que hasta la fecha ningún técnico municipal haya verificado su contenido, al menos, hasta que las denuncias vecinales lo han ido forzando.
Durante el encuentro, se recalcó al alcalde y a su equipo que la Delegación de Urbanismo y Comercio deben revisar de forma efectiva dichas DR, y se recordaron las numerosas carencias del proyecto, entre ellas:
- La ausencia de informe favorable de bomberos, preceptivo para la apertura.
- Un vallado incompleto y sin homologación, incumpliendo la normativa específica aplicable a los CIMIs.
- Instalaciones interiores no legalizadas, que cualquier edificio debe justificar y cumplir.
- La falta de espacios deportivos mínimos para los menores internados, nuevamente exigidos por la normativa vigente.
- Edifico fuera de ordenanza, con ampliación de superficies.
Todas estas carencias han sido ya denunciadas por los vecinos ante el Ayuntamiento de Málaga (Urbanismo y Comercio), la Delegación de Justicia y la Dirección General de Justicia Juvenil.
Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por la delegada de Justicia en Málaga, Teresa Pardo, y por el gerente de Urbanismo, José María Morente, quienes también escucharon las demandas vecinales.
Además, se subrayó un aspecto especialmente preocupante: la decisión sobre dónde ubicar un centro público no puede quedar en manos de una empresa privada intermediaria, que actúa con un margen económico abultado y que, en este caso, subarrienda el edificio a Meridianos tras haberlo arrendado previamente a una congregación religiosa. Los contratos de arrendamiento —tanto el inicial como el de subarriendo— están depositados en el propio Área de Urbanismo del Ayuntamiento, lo que convierte al Consistorio en pleno conocedor de esta operación, que muchos vecinos consideran un pelotazo urbanístico y asistencial.
Como expresó una vecina durante el encuentro: "No estamos en contra de la reinserción de menores, pero este no es el lugar adecuado, ni para ellos ni para nosotros".
Los vecinos entregaron nuevamente al alcalde un dossier detallado con los incumplimientos técnicos y jurídicos del proyecto, e insistieron en que no debe autorizarse su apertura hasta que no se emita una resolución clara, basada en informes técnicos reales e independientes, que garantice que el edificio cumple todos los requisitos legales y urbanísticos exigibles. Además, le pidieron que traslade a la Junta de Andalucía, licitadora del servicio, todas sus inquietudes y le recordaron que es su deber la defensa de los intereses de los malagueños frente a otras administraciones, aunque estén gobernadas por su mismo partico, como es el caso de la Junta de Andalucía.
