Atando cabos 3x26: Grietas en la Guardia Civil

Nunca antes, en el ejercicio de sus funciones había sido imputada por varios delitos relacionados con la corrupción, nada menos, que la directora general de la Guardia Cvil. Eso ha ocurrido esta pasada semana. Eso está ocurriendo. Y la anestesia por acumulación de escándalos sigue actuando. Ese hito, que debería figurar como una anomalía institucional de primer orden, se ha consumado casi de puntillas, con el Gobierno cerrando filas antes de que ni siquiera se lo tome declaración, antes de que ni siquiera avance la investigación.

El instructor Santiago Pedraz decidió el jueves imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por un presunto delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia. La decisión llegó apenas unos minutos después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara formalmente esa misma imputación, en el marco del denominado "caso Leire", la trama que investiga las maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para intentar neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de la Benemérita que instruye buena parte de las causas que rozan al entorno del presidente del Gobierno.

Resulta significativo que la propia Mercedes González haya optado por el silencio absoluto sobre la causa. Su primera aparición pública tras conocerse la imputación, presidiendo una entrega de diplomas a montañeros de la Guardia Civil en Candanchú, transcurrió sin una sola mención a la UCO ni a la investigación judicial que la señala. Es una estrategia de comunicación tan comprensible desde el punto de vista de la defensa procesal como reveladora desde el punto de vista político: normalizar la continuidad en el cargo como si nada estuviera ocurriendo, mientras la instrucción judicial avanza con datos cada vez más concretos.