El PSOE de Granada reclama al Ayuntamiento que no tramite de forma aislada el proyecto para implantar un uso hotelero en la Abadía del Sacromonte. Los socialistas consideran que la actuación debe analizarse dentro de una estrategia global sobre el futuro del Albaicín y el Sacromonte y sobre el modelo turístico que quiere desarrollar la ciudad.
El concejal socialista Juanjo Ibáñez sostiene que el debate no debe centrarse en estar a favor o en contra de los hoteles, sino en determinar si un proyecto de esta intensidad es compatible con las características patrimoniales, paisajísticas, residenciales y de movilidad de este enclave de Granada.
El PSOE reclama estudiar alternativas al proyecto hotelero en la Abadía del Sacromonte
Ibáñez ha rechazado lo que considera una “falsa dicotomía” entre hotel y ruina. Según el concejal, existen otras alternativas que deberían estudiarse antes de continuar con la actuación, y ha recordado que en este mismo emplazamiento hubo anteriormente una propuesta para crear una residencia vinculada a la educación y la formación.
Las alegaciones presentadas por los socialistas, según explica el grupo municipal, no plantean una oposición a la inversión privada, al uso hotelero o a la rehabilitación de la Abadía, sino que reclaman que se justifique que el cambio de uso y la intensidad prevista supondrán una mejora efectiva tanto para el entorno como para sus residentes.
El PSOE advierte además de la creciente presión turística sobre el Albaicín y el Sacromonte y considera necesario analizar conjuntamente los diferentes proyectos turísticos que se están planteando en el centro histórico de Granada.
“Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, ha señalado Ibáñez, que considera especialmente sensible el caso del Sacromonte por sus características territoriales, patrimoniales y viarias.
Preocupación de los socialistas por las 115 plazas de aparcamiento
Uno de los principales motivos de preocupación para los socialistas son las 115 plazas de aparcamiento subterráneo contempladas en el proyecto hotelero. El PSOE pide que se estudie con datos cuántos desplazamientos podría generar el establecimiento y cuántos vehículos accederían al Sacromonte.
También reclama conocer los itinerarios de acceso, el papel que tendrían los taxis y los vehículos VTC y el impacto sobre una red viaria que, según los socialistas, cuenta con una capacidad muy limitada.
Las alegaciones plantean además la necesidad de evaluar el impacto acumulativo de los usos turísticos sobre la movilidad, la vivienda, el transporte público, los servicios, el espacio público y la convivencia vecinal, frente a una tramitación individual de cada proyecto.
El paisaje y el patrimonio, entre las principales preocupaciones
El Grupo Municipal Socialista también reclama una evaluación específica del impacto que el proyecto pueda tener sobre el paisaje y el patrimonio de Granada.
La Abadía del Sacromonte está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y forma parte de la Zona Patrimonial del Valle del Darro, también protegida. Por ello, los socialistas consideran que el análisis no debe limitarse al edificio y debe contemplar elementos como las visuales, la iluminación nocturna, la señalética, las instalaciones exteriores, las cubiertas y los accesos.
“En Granada el paisaje también es patrimonio”, ha defendido Juanjo Ibáñez.
El PSOE reclama retorno de la inversión pública
Otro de los puntos incluidos en las alegaciones es el retorno al interés general de la inversión pública realizada en la rehabilitación de la Abadía del Sacromonte.
Los socialistas cifran en más de 3,6 millones de euros los fondos públicos destinados a distintas actuaciones de rehabilitación y reclaman que se concreten las compensaciones, obligaciones urbanísticas y mejoras adicionales asociadas al proyecto.
Ibáñez defiende que la generación privada de valor vinculada al proyecto debe contribuir también a generar valor público para Granada.
El concejal socialista ha insistido finalmente en que su grupo no se opone al hotel, a la inversión privada ni a la rehabilitación de la Abadía, pero exige que se estudien otras alternativas y que el Ayuntamiento acredite la compatibilidad de la actuación con el entorno.
