El Granada CF se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional por una presunta trama de fraude fiscal vinculada al traspaso de jugadores profesionales. El procedimiento, que arranca este martes, tiene como principales acusados al expresidente del club, Enrique Pina, y al empresario italiano Gino Pozzo, antiguo propietario de la entidad nazarí. Junto a ellos serán juzgados Raffaele De La Riva, titular de una sociedad luxemburguesa que habría servido como instrumento para las operaciones investigadas, y Jordi Trilles, exmiembro del Consejo de Administración del Granada. El propio club también figura como acusado en calidad de persona jurídica.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían diseñado una estrategia para que las plusvalías obtenidas por el Granada CF mediante la venta de futbolistas se trasladaran artificialmente a Luxemburgo y no tributaran en España. Un mecanismo que, según el Ministerio Público, habría permitido ocultar beneficios millonarios a la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015.
Las consecuencias penales y económicas que reclama Anticorrupción son contundentes. El Ministerio Fiscal solicita 12 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados, además de multas de 27,5 millones de euros por persona, una cantidad que asciende a 36,5 millones en el caso de Gino Pozzo. Para el Granada CF reclama una multa de 1,9 millones de euros.
A estas cantidades se suma la petición de que los acusados respondan solidariamente y por partes iguales del importe de las cuotas del Impuesto de Sociedades que, presuntamente, dejaron de ingresarse: 9.441.987,11 euros.
Una presunta trama para desviar a Luxemburgo los beneficios de los fichajes
En su escrito de acusación, la Fiscalía describe lo ocurrido como un «plan criminal a largo plazo» que habría comenzado con la toma de control del Granada CF en 2009. Según la tesis del Ministerio Público, el objetivo era aprovechar los beneficios generados por los traspasos de futbolistas profesionales y trasladarlos a Luxemburgo mediante una compleja estructura financiera, evitando así el pago de los correspondientes impuestos en España.
El mecanismo investigado se habría articulado a través de Fifteen Securitisation, una sociedad con sede en Luxemburgo vinculada a Raffaele De La Riva. Esta entidad habría simulado una financiación al Granada mediante un contrato de cuentas en participación. A cambio del dinero destinado a incorporar futbolistas, la sociedad luxemburguesa recibiría el 95 % del importe de sus futuros traspasos a otros clubes.
De esta forma, según la acusación, se habrían ocultado los beneficios obtenidos por la venta de seis jugadores de la plantilla. La Fiscalía cifra el presunto fraude en 635.000,01 euros en 2013, 5.914.679,10 euros en 2014 y 2.892.218 euros en 2015.
Entre las operaciones que aparecen en la investigación figuran los traspasos de futbolistas como Guilherme Siqueira, Mikel Rico, Yacine Brahimi, Allan Loureiro, Jeison Murillo y Daniel Pudil.
Gino Pozzo habría tomado el control del Granada en 2009
El escrito de Anticorrupción sitúa el origen de la presunta trama en 2009, cuando el Granada atravesaba una grave situación económica y competía en Segunda División B. Según la Fiscalía, Pozzo habría conseguido hacerse con el control de la entidad utilizando estructuras societarias opacas que dificultaban identificar al verdadero titular de los fondos aportados.
La financiación habría tenido tres objetivos: superar la crisis económica y el concurso de acreedores del club, simular la adquisición de los derechos de los jugadores profesionales por parte de Orange Chiffon Trading Limited y, posteriormente, suscribir el capital social cuando el Granada se transformó en sociedad anónima deportiva.
Sin embargo, el Ministerio Público cuestiona el coste real de aquella operación. Según recoge en su escrito, la financiación procedente de Luxemburgo habría supuesto para el club un desembolso superior a 45 millones de euros, con un tipo de interés que, en términos efectivos, habría rondado el 50 % anual.
La Fiscalía señala la falta de controles internos en el club
Anticorrupción sostiene que las operaciones investigadas se realizaron principalmente bajo la dirección del entonces presidente y del titular real del Granada, y que tanto los responsables como la propia entidad habrían obtenido un beneficio económico derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades que presuntamente se dejaron de ingresar.
El Ministerio Fiscal apunta, además, a la ausencia de mecanismos internos de supervisión y control. Según su escrito, el Granada CF no tenía implantadas entre 2013 y 2016 medidas suficientes para vigilar y controlar el comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos.
Ahora será la Audiencia Nacional la que determine las responsabilidades penales de los acusados y el alcance de las operaciones investigadas. Un procedimiento que sitúa en el centro del debate judicial la gestión económica del Granada CF durante una etapa clave de su historia reciente y los movimientos financieros vinculados a los traspasos de algunos de sus futbolistas más destacados.
