Este viernes, 14 de enero, la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido la segunda sentencia sobre el caso de los ERE de Andalucía. En el fallo ha condenado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández a siete años y un día de cárcel y al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez a cuatro años y un día de prisión.
Esta condena corresponde a una pieza separada del caso ERE por las subvenciones concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), Fernández y Márquez han sido condenados por prevaricación, falsedad y malversación.
En concreto, Antonio Fernández ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad documental, ambos en concurso medial con malversación de caudales públicos. Por lo que, además de los siete años y un día de prisión, también le ha impuesto una inhabilitación absoluta durante diecisiete años y quince días.
Por su parte, el Márquez condenado como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad documental ambos en concurso medial con malversación, se le ha impuesto una pena de cuatro años y un día de prisión y diez años y un día de inhabilitación absoluta.
Tanto Fernández como Márquez ya habían sido condenados en el primer juicio de los ERE junto a otros ex altos cargos en una sentencia que actualmente se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo.
Y ha impuesto condenas de entre dos y cinco años de cárcel a otros cinco acusados ajenos a la Administración autonómica.
Absueltos tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía
Por otro lado, el Tribunal ha absuelto a otros tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía, al exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, de los delitos de prevaricación y falsedad; al exdirector general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano, de los delitos de malversación y prevaricación.
Además, la Sala declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como "intruso" -beneficiario de las ayudas pese a no tener relación con la empresa-.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados, excepto Juan Márquez, tienen que indemnizar conjunta y solidariamente, aunque en diferente proporción, a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros.
La Audiencia asegura que se trata de un delito de malversación, ya que, "con la arbitraria concesión de la ayuda a Acyco, se ha permitido un desvío injustificado e ilegal de caudales públicos a favor de terceros, aceptado y consentido por las autoridades y funcionarios actuantes".
