En "Por fin", el programa de Onda Cero con Jaime Cantizano, el periodista Ángel Moya desgranó cómo la realidad ha terminado superando a la ficción de la película "La conversación", de Coppola, y cómo esa presión tecnológica y psicológica permitió localizar el cuerpo y forzar una confesión parcial.
"La cosa va de buenos y malos", introducía Jaime Cantizano antes de dar paso a Ángel Moya para explicar los últimos detalles del caso que ha sacudido Hornachos, nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas. La clave, subraya Moya, estuvo en la capacidad tecnológica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llegó al procedimiento en 2024 y decidió elevar la apuesta cuando los pinchazos telefónicos del principal sospechoso, Julián, y de su hermano Manuel no arrojaban ninguna pista.
"Sabíamos que la clave del operativo estaba en los micrófonos que los agentes colocaron", recuerda Cantizano, enlazando directamente con el despliegue de escuchas que acabó por cercar a los ahora acusados.
El giro de la investigación: de la marcha voluntaria al secuestro
Moya relata que, durante años, los especialistas de homicidios de la Comandancia de Badajoz llegaron a barajar que Francisca Cadenas se hubiera marchado de forma voluntaria, una hipótesis difícil de encajar en una madre de 57 años que dejó DNI, teléfono y todas sus pertenencias en casa.
"Con 57 años, ¿dónde vas?… y cómo te vas a crear una nueva identidad como en las películas", resume el periodista, subrayando que todo apuntaba a una desaparición forzosa. Ese punto muerto en la investigación es lo que justifica la entrada de la UCO en 2024, con más medios técnicos y margen para un despliegue a gran escala.
La primera decisión de la unidad fue intervenir el teléfono de Julián, el hermano que ha acabado confesando parcialmente el crimen ante el juez, pero ni él ni Manuel, su hermano, "decían ni pío", como cuenta Moya. Los pinchazos se extendieron a más líneas, sin resultado, lo que llevó a la Guardia Civil a "subir la apuesta" con micrófonos ocultos en la vivienda y en los coches de los sospechosos. Ni siquiera entonces obtuvieron la pieza clave: la ubicación del cuerpo de Francisca.
Un pueblo convertido en red de escuchas
La realidad, insiste Moya, "supera la ficción" de Coppola: la UCO no se conformó con casa y coches, sino que extendió las escuchas "por todo el pueblo", en bares, restaurantes y hasta en el cementerio de la localidad pacense. El sumario revela más de una veintena de puntos de interés vigilados durante un año y medio, con dispositivos ambientales colocados en establecimientos de Hornachos y en espacios como aparcamientos o zonas de paso donde los hermanos se sentían seguros para hablar.
El objetivo era tan simple como decisivo: comprobar si "se iban de la lengua con sus amigos" y, sobre todo, conseguir que en algún momento se les escapara dónde estaban los restos de la vecina desaparecida.
Para lograrlo, el operativo no se limitó a la tecnología. Moya describe una auténtica "guerra psicológica" diseñada para poner nerviosos a los sospechosos: envío de anónimos, calles forradas de carteles con la cara de Francisca Cadenas en la misma calle donde vivían los presuntos asesinos, e incluso panfletos colocados en sus propios coches. Mientras los micrófonos registraban cada palabra, la presión exterior buscaba provocar conversaciones comprometedoras sobre el crimen y, especialmente, sobre el lugar donde habían ocultado el cuerpo.
La importancia de encontrar el cuerpo
Las grabaciones terminan de convencer a los investigadores de que están ante los autores, pero los hermanos siguen sin revelar el emplazamiento del cadáver. "Solo decían aquello de ‘ese rincón me preocupa’", resume Moya sobre el tipo de frases que alimentaban las sospechas, pero que no bastaban para cerrar el círculo sin localizar los restos.
La Guardia Civil sabía que detener sin cuerpo era arriesgarse a una condena notablemente menor —entre diez y quince años— frente a los 20, 25 o incluso la prisión permanente revisable que permitiría un homicidio probado con hallazgo del cadáver.
Con esa premisa, y una vez convencidos de la autoría, los agentes optan por "picar" en la casa de los hermanos y, tras un trabajo de excavación, acaban encontrando el cuerpo de Francisca Cadenas oculto bajo cal y cemento. Es en ese momento cuando uno de los hermanos decide confesar parcialmente, cerrando un capítulo clave de la investigación nueve años después de la desaparición.
El operativo de micrófonos y la vigilancia durante un año y medio, recuerda Cantizano, son "los últimos detalles" que han salido a la luz sobre un procedimiento que combinó paciencia, tecnología y presión psicológica para "intentar cerrar definitivamente el caso".
Otros relatos de "buenos y malos": la reina del tocomocho y la madre de Lugo
En la misma sección, Moya enlaza la crónica del crimen de Hornachos con otras historias de "buenos y malos" que han marcado la actualidad de sucesos. La primera tiene como protagonista a Lola, conocida como "la reina del tocomocho", detenida en Madrid a sus 80 años cuando se disponía a timar a una nueva víctima en el distrito de Usera.
"Quién nos iba a decir que la reina del tocomocho de Madrid tenía 80 años y que seguía activa", ironiza Moya, recordando que esta veterana estafadora ha hecho del timo "su vida, su trabajo, su forma de pasar por este mundo".
Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional detectó un coche circulando "sospechosamente muy despacito" por una zona de cajeros automáticos, siguiendo a personas mayores, y decidió pararlo. Dentro iba Lola con una pareja de cómplices "también talluditos", de unos 55 años, y con "todos los útiles para el timo del tocomocho y de la estampita": sobres, supuestos billetes, boletos y otros efectos.
Moya admite que resulta "increíble" que, medio siglo después de las películas en blanco y negro sobre estos timos, siga habiendo víctimas, y apunta que estas estafas se aprovechan tanto de la necesidad como de la ambición de algunos.
El tercer caso que aborda el espacio es el de una madre de Lugo que se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel por apropiarse de 97.000 euros de la herencia de su hijo de ocho años para pagarse, entre otras cosas, una operación de cirugía estética en Turquía.
Moya explica que la mujer, que asumió la patria potestad y la gestión de los bienes tras la muerte del padre en 2019, fue vaciando las cuentas del menor hasta dejarle apenas 131 euros, mientras el niño vivía "entre ratas" y acababa en manos de los servicios sociales.
La Fiscalía la acusa de apropiación indebida (administración desleal) y de un delito de abandono de familia, y rebate el argumento de la defensa de que su depresión le impedía ser consciente de sus actos: tendrá que devolver los 97.000 euros y se está a la espera de que se reactive el juicio, después de que la Audiencia Provincial de Lugo devolviera la causa al juzgado para precisar algunos extremos.
