El consejero suspiraba de gusto recordando aquella tarde de gloria en el Palau de la Generalitat, cuando su jefe —ah, capitán, mi capitán— Artur Mas estampó su firma en el decreto de convocatoria de un referéndum que no lo era. A él, subalterno aplicado y leal, le correspondió leer el texto del decreto, ligeramente emocionado. Y escuchar después, con un nudo en garganta, al rey Artur proclamando que aquel día lo recordarían siempre.
Y tanto que lo recuerda, Artur Mas. Cómo olvidarlo, si aquel día firmó su inhabilitación política y el desembolso de cinco millones de euros por presunta malversación contable.
Tres años después de aquella jornada imborrable, al consejero patriota y comprometido, le preguntaron en una entrevista por la posibilidad, que ya se adivinaba cierta, de que a Artur Mas, y a Joana Ortega y a Irene Rigau, les reclamara el Tribunal de Cuentas que pagaran de su bolsillo lo que costó aquel falso referéndum. Y que, aplicando la misma doctrina, aPuigdemont y sus consejeros les acabarán embargando la casa para pagar los gastos del otro falso referéndum, el de octubre.
Y entonces el consejero patriota flaqueó en su emoción solemnísima y dijo la verdad: "La cárcel no me asusta, jamás, pero me embarguen el patrimonio, oiga, eso sí que me da miedo". Al día siguiente le echaron del gobierno catalán, por tibio. Y el matrimonio Puigdemont-Junqueras ordenó proclamar a los cuatro vientos que no le tenían miedo al Tribunal de Cuentas. Al contrario, saberse en riesgo de embargo les animaba aún más a seguir embistiendo contra la Constitución y contra el Estado.
Junqueras, que es muy de echar cuentas, calculó que si cada catalán ponía dos euros, la deuda de los inhabilitados quedaba pagada. A escote. Y sin discriminar entre procesistas, procesados y cumplidores de las normas.
Dos euros por catalán. Luego dijo que no estaba hablando en serio.
En su comparecencia de ayer, cabe pensar que Puigdemont tampoco estaba hablaba en serio. Bromeaba, seguro, al fingirse escandalizado porque las instituciones del Estado resulta que están politizadas.
El político usando peyorativamente la politización, interesante. Y más aún que lo diga Puigdemont, que, hombre, no parece que sea el faro que ilumina la despolitización de la vida pública. Politizado está todo lo que toca el gobierno independentista, que se ríe de la neutralidad requerida a la presidencia del Parlamento autonómico —puso al frente a una activista—, de la neutralidad que se supone a quien pretende celebrar un referéndum y de la neutralidad de la televisión pública (ahí empata, mira, con el gobierno de Rajoy). Un gobierno que se inventó una cosa llamada Consejo para la Transición Nacional critica que los demás se politicen, ver para creer.
Bromeaba, seguro, el president al azuzar a Turull para que saltara a darle lecciones de legalidad a un magistrado del Tribunal Supremo. El fiscal general, Maza, por haber garantizado que perseguirá el delito.
Dice Turull, hombre de lengua rápida, que este magistrado no se ha leído la ley porque convocar un referéndum no es delito. Homme… Usted convoca lo que le apetece, a sabiendas de que no puede hacerlo. El Constitucional se lo suspende y si usted persevera, le condenan. Artur Mas se había leído la ley. Por eso disimuló cuanto pudo para evitar ser deshabilitado.
Lo que más ha inquietado de la resolución del Tribunal de Cuentas no es que le reclame el dinero a Mas y sus tres mosqueteros, sino que lo haga también a algunos cargos intermadios de la administración autonómica. Esta es la parte que ha escocido. El mensaje de que todo el que colabore puede estar jugándose la vivienda.
Érase un consejero patriota que iba de comprometido hasta que le vio las orejas al lobo.
En aquella entrevista que le costó el cargo dejó dicho esto que sigue: "Hemos cometido el error de menospreciar al Estado. Y el Estado tiene mucha fuerza. Tanta que en lugar de un referéndum lo que tendremos que hacer es otro 9-N. Y la única manera de que signifique algo es que en lugar de ir a votar dos millones vayan cuatro".
Después de aquella entrevista, premonitoria, el consejero caído se refugió para siempre en el silencio. Mientras el gobierno al que una vez perteneció se ponía a emitir en TV• anuncios de vías de tren para intentar que en lugar de dos millones, sean cuatro. Cueste lo que cueste.
