Déjenme que les cuente una historia, que es muy corta, ya verán. Bueno, sí. Antes de contarles nada, revivamos la noche de gloria en esta mañana de orgullo patrio. España a la final del domingo, Francia al sucedáneo del sábado. Dieciséis años después, una generación después, España está segura de que el domingo, este Nueva York de 2026 será el Johannesburgo de 2010. Este De la Fuente de hoy será el Vicente del Bosque de 2010.
Y la nueva generación de españoles, que es la de Lamine Yamal, vivirá en carne propia esto que hasta ahora sólo le habían contado sus mayores: cómo es jugar, y vivir, y (ojalá) ganar un mundial de fútbol.
Ahora sí, les cuento una historia que es muy corta.
Érase una vez un presidente que tenía un hermano. Al hermano, que no al presidente, lo juzgaron por haberse dejado enchufar en una diputación provincial. Lo condenaron. A una pena que no supone ni ingreso en prisión ni cuantía económica ni nada remotamente parecido. A su hermano, el presidente, el tribunal no le atribuyó actuación ilícita alguna. Ni presión, ni mediación, ni recomendación. Pero el Gobierno que presidía reaccionó como si fuera el presidente y el propio gobierno el que hubiera sido condenado.
Fue su reacción, que no la sentencia, lo que dio pie a que la opinión pública interpretara que el Gobierno se daba por condenado. Fue su reacción, que no la sentencia, lo que dio pie a preguntarse cuál es la línea que separa la actividad particular de los familiares del presidente y sus ministros de la actividad oficial del presidente y sus ministros. O por qué se dan por aludidos por un caso que nada tiene que ver con ellos. Fin de la historia.
El País y La Vanguardia publicaron la semana dos encuestas sobre la percepción que los españoles tienen de los jueces. Al gobierno le entusiasmó el resultado porque cree que le da la razón en su prédica diaria sobre el sesgo anti sanchista de los tribunales. Salió el ministro López, ese día sin camiseta de la selección, a urgir al poder judicial a que hiciera examen de conciencia. He repasado las dos encuestas porque en ambas se preguntaba por casos concretos.
En el caso David Sánchez, hermano del presidente, quienes encuentran indicios jurídicos sólidos ganan a quienes creen que priman las razones políticas (encuesta de El País). En el caso David Sánchez, hermano del presidente, quienes atribuyen imparcialidad a los jueces ganan (por goleada, diría) a quienes no la perciben.
Repito, por si acaso algún ministro tuviera a bien hacérselo mirar un poco: en las dos encuestas que el gobierno celebró como prueba del recelo social a los jueces, en las dos, ganan quienes entienden que el caso de David Sánchez no es un caso de persecución, o lawfare, sino la simple aplicación de la ley a un sospechoso de haberse beneficiado de una contratación injusta.
La presunción de inocencia, a juicio del tribunal, ha quedado superada. Considera probado que Gallardo, presidente socialista de diputación, creo un cargo innecesario para acoger en él, y pagar un sueldo, a David Azagra, músico hermano del líder del Partido Socialista con el que Gallardo, después de haberle combatido en las primarias, tenía interés en congraciarse y hacer méritos.
La creación arbitraria del puesto, y su adjudicación también arbitraria -el enchufismo- supone una prevaricación de la que es responsable Gallardo y los otros cargos públicos que participaron en la mascarada. Y de la que declara el tribunal responsable también, como cooperador, al beneficiado. O sea, David Sánchez Pérez-Castejón.
Es un hecho que nunca antes un hermano de presidente había sido juzgado y condenado. También lo es que la condena es recurrible -de hecho, va a ser recurrida-. También lo es que el delito más grave, tráfico de influencias, ha sido descartado. Y también lo es, en fin, que siendo condena, es una condena menor. David Sánchez no podrá desempeñar un cargo público los próximos nueve años. Ésa es la consecuencia, única consecuencia penal, de los hechos juzgados.
No ingresará en prisión, en contra de lo que tantos profetizaban ayer mismo (le caen dos años, decían en voz baja) y en contra de lo que tantos anhelaban como si les fuera la vida en ello. Quienes soñaban con ver a un Sánchez a la sombra tendrán que seguir esperando.
Ni tráfico de influencias, ni enriquecimiento ilícito ni elusión fiscal. La participación de Pedro Sánchez como inductor de la colocación de su hermano, algo que sugirió la jueza de instrucción (sin llegar a citar nunca al presidente) y que sugirió la UCO, especulando, la deja fuera el tribunal precisamente porque nunca ha sido probada.
Ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han sido condenados por hecho alguno. Pero los ministros del Gobierno han reaccionado como si los condenados fueran ellos y su presidente, ellos sabrán lo que hacen. O no, porque el ojo clínico que han demostrado en sus pronósticos sobre este caso son para no volver a hacer una previsión el resto de sus días.
Ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus ministros han sido condenados por hecho alguno, pero los ministros del Gobierno han reaccionado como si los condenados fueran ellos
Ya hay sentencia, pero la portavoz del gobierno sigue diciendo las mismas cosas que decía cuando aún ni siquiera se había celebrado el juicio. Al existir ya una sentencia, es papel mojado el manido argumentario sobre las asociaciones ultras que presentaron las denuncias y los recortes de prensa en que se basaban. Al existir unanimidad de los tres jueces, no puede agarrarse a ningún voto particular o discrepante dentro del tribunal.
Y al quedarse ayuno de los clavos a los que se fue agarrando durante la instrucción y el juicio, se entrega el gobierno al único comodín que ya le queda, que es erigirse en tribunal paralelo -el poder judicial gubernativo- y emitir sus propias sentencias: condenatoria a la Audiencia de Badajoz y absolutoria al hermano del jefe.
Que la portavoz del Gobierno se permita desdeñar la sentencia y juzgar ella qué es lo justo es un abuso de poder de libro. No está entre las funciones del gobierno juzgar juicios y condenas. No ha habido deliberación alguna entre ministros que permita ofrecer una opinión colectiva. La opinión no es del Gobierno, es de la Presidencia del Gobierno, que es quien decide lo que se predica en estas ruedas de prensa teledirigidas.
La opinión no es del Gobierno, es de la Presidencia del Gobierno
La unidad de mensaje, en la que trabajaba el amigo de David Sánchez antes de obtener empleo, él también, en Badajoz. Pero ya que el abuso se ha convertido en constante gubernativa, convendrá recordar que era este mismo gobierno el que se pasó meses diciendo que había que esperar porque la Justicia acabaría poniendo las cosas en su sitio.
Era una forma de decir, claro, que todo quedaría en nada, que al final la verdad gubernamental se abriría camino, que la jueza Biedma era un submarino del PP y Vox y que llegaría el día de ponerla en su sitio. Entre las virtudes del Gobierno no está la de profetizar el desenlace de causas judiciales, qué le vamos a hacer. Y entre las virtudes de Patxi López nunca ha estado la de estudiarse los papeles antes de sacar conclusiones. Por eso lo que diga él tampoco importa nada.
Patxi no se sabe le nombre de uno solo de los jueces que han juzgado al hermano. Ni el nombre, ni la trayectoria, ni su forma de trabajar, ni nada. Pero le da igual porque en denigrar a quien ni siquiera conoce y desacreditar su trabajo se ha hecho experto. Patxi no había rozado con sus dedos uno solo de los 370 folios de la sentencia. Y tan orgulloso de pensar que ni falta que hace.
Ahora que sucedió lo contrario a lo que sostenía que ocurriría, o caben más jueces en la conjura. De los instructores a las audiencias provinciales, los tribunales superiores y el Supremo. Ahora que sucedió lo contrario a lo que sostenía que ocurriría, sólo le queda al Gobierno el comodín de apropiarse de manera indebida de la potestad que no tiene: ni las absoluciones ni las condenas las dictan Elma Sáiz, Óscar Puente o Ana Redondo.
Y dado que actúan no como observadores externos, y ajenos, sino como integrantes del grupo que se considera concernido, su opinión, en realidad, no vale nada. Nada vale desde el punto de vista jurídico, nada aporta desde el punto de vista político y sólo una cosa pone de manifiesto: que hay ministros que ven en David Sánchez a un miembro más de su colectivo.
