El Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska actuó con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería, según señala el Tribunal Supremo en una sentencia que ratifica la ilegalidad de la decisión y le reprocha que no se individualizara cada caso de los menores.
Así, el Alto Tribunal confirma que los derechos de los menores devueltos a Marruecos en la crisis de Ceuta fueron vulnerados y que la legalidad que invocó entonces el ministro nunca lo fue.
Paloma García de Viedma, abogada de la Fundación Raíces -una de las organizaciones que en su día denunció el comportamiento de la Delegación del Gobierno en Ceuta- asegura que se trata de "una sentencia muy importante", aunque le sorprende "que tenga que venir el Supremo a recordarle al Estado que la ley hay que cumplirla", dice en 'Más de uno'. Esto, sin embargo, puede servir para que en el futuro, "el Gobierno no repita actuaciones como las de 2021".
¿Qué debería haber hecho el gobierno para actuar correctamente?
Para ajustarse a lo que dice la Ley de Extranjería y no vulnerar los derechos de los menores, "el Gobierno debería haber estudiado la situación individual de cada menor", tanto en España como en su país de origen, "para determinar si su interés superior era quedarse en España o volver a Marruecos".
Para ello, tenía que haber recabado informes tanto de la entidad de protección de Ceuta, como de las autoridades marroquíes sobre el estado de la familia y las circunstancias sociales en Marruecos para cada menor.
Asimismo, el Gobierno debería haber dado audiencia al propio niño, "haber escuchado cuál era su voluntad", y haber notificado una resolución que el niño tendría derecho a recurrir si era contraria a lo que él quería. "Y no hizo ninguna de estas cosas", critica al Gobierno.
El Gobierno podría haber incurrido en un delito de prevaricación
Actualmente existe un procedimiento penal abierto por la Fiscalía por un posible delito de prevaricación del Gobierno, por si los responsables sabían que lo que estaban haciendo iba en contra de la ley.
"Lo sorprendente de esta actuación ha llevado a abrir un procedimiento penal por posible delito de prevaricación, que es hacer un acto administrativo a sabiendas de que es injusto", explica la abogada sobre la parte que aún queda por resolverse.
