Desde su experiencia como madre y experta en regulación digital, Ana Caballero subraya la necesidad de medidas concretas, calendarios claros y una aplicación efectiva de las normas europeas para proteger la salud y el bienestar de los niños y adolescentes.
La propuesta de Sánchez: buenas intenciones, falta de concreción
Rafa Latorre inicia la conversación preguntando a Ana Caballero qué le ha parecido la propuesta del presidente de restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La vicepresidenta reconoce que el anuncio "da muy buena dirección, sobre todo bajo la demanda de las familias", pero lamenta la ausencia de medidas concretas y de un calendario claro. "Eso está claro que va a ser muy difícil no evaluar su impacto real", advierte.
Caballero recuerda que ya existe un proyecto de ley en el Congreso para proteger a los menores en el entorno digital, que amplía la edad de consentimiento de 14 a 16 años y obliga a implementar sistemas de verificación de edad. "En cierta medida no estaríamos con algo novedoso", señala, ya que la Ley de Comunicación Audiovisual de 2022 ya obligaba a las plataformas de intercambio de video a implementar esos sistemas y a categorizar contenidos con etiquetas inteligentes.
Verificación de edad: una herramienta que se demora
Latorre expresa su preocupación por que estas medidas puedan quedarse en el aire, como ocurrió con el "pasaporte" para restringir el acceso al contenido pornográfico. Caballero confirma que el sistema de verificación de edad se está demorando porque se busca un modelo homologado en el ámbito europeo, bajo el reglamento de identificación eIDAS. "Pero no podemos demorar más la implantación de estos sistemas porque nos estamos jugando la salud y el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes", subraya.
La experta cita ejemplos de países como Australia, Francia, Portugal y Dinamarca, que ya han ejecutado normativas similares. Critica que España haya creado un comité de expertos para la protección de los menores en el periodismo digital, cuyo informe aún no se ha aplicado en su totalidad, a pesar de que muchas de sus recomendaciones coinciden con las medidas anunciadas ahora.
La economía de la atención y la manipulación de datos
La conversación se desplaza hacia el modelo de negocio de las plataformas digitales. Caballero explica que estas empresas "ponen en valor los datos personales una y otra vez", en un contexto de economía de la atención. "Cuanto más tiempo los niños pasan delante de la pantalla, más datos recopilan y más pueden monetizar", detalla. Este proceso implica técnicas desleales que no respetan los derechos fundamentales ni los derechos de los consumidores.
La vicepresidenta alerta de que, hasta que no se regulen estas prácticas, seguirán surgiendo problemas de adicción a la tecnología, manipulación informativa y desinformación. "Estamos hablando de problemas que pueden poner en peligro nuestra democracia", advierte.
El reto de la parentalidad en la era digital
Latorre plantea la diferencia entre el consumo de contenidos en familia, alrededor de un televisor, y el consumo individual a través de dispositivos móviles. Caballero coincide en que el problema no es el dispositivo en sí, sino los modelos de negocio que lo sostienen. Como madre, apoya la idea de retrasar la edad de acceso al móvil, ya que el desarrollo cerebral de los menores no está completo a los 12 o 13 años. "No tienen esa capacidad crítica y de toma de decisiones formada", explica.
La experta insiste en que los ciudadanos deben ser conscientes de que participan en un modelo de negocio en el que se les trata como "objetos cosificados" para generar beneficios. "Tenemos que visibilizar y hacer transparentes esos modelos para que la gente decida si quiere participar o no", concluye.
Responsabilidad penal y la experiencia francesa
Toni Bolaño interviene para preguntar por la responsabilidad penal de los responsables de las redes sociales, tras el registro de la sede de X en París. Caballero distingue entre la responsabilidad penal de los directivos y las inspecciones que la Comisión Europea puede realizar bajo el reglamento Digital Services. "En Francia se está aplicando el procedimiento establecido en ese reglamento", explica, que permite registrar y solicitar información sobre algoritmos y prácticas de las plataformas.
En España, la Asociación Europea para la Transición Digital propuso en 2023 un pacto con 15 medidas, incluyendo un marco de rendición de cuentas para los directivos de las plataformas. "Necesitamos una modificación del Código Penal para introducir esa responsabilidad", sugiere. Además, critica que la CNMC, coordinadora de servicios digitales en España, aún no tenga la habilitación necesaria para supervisar a las plataformas, lo que podría llevar a multas de la Comisión Europea y, sobre todo, a una protección insuficiente de los ciudadanos.
