Estamos inmersos en el debate sobre el regreso del emérito. Y también se ha inmiscuido la Casa del Rey por mucho que su primera reacción a la opinión de Núñez Feijóo fuera señalar que era una decisión que correspondía únicamente a Don Juan Carlos.
Ya le han puesto una condición y es que si quiere trasladar su residencia física a España también tendrá que trasladar su residencia fiscal. Lo que es muy razonable, porque cualquier español que reside en España tiene que tributar en España y de un monarca se espera un comportamiento más noble que el del hermano de Pedro Sánchez.
Aunque cualquiera puede entenderlo, la Casa del Rey ha creído necesario explicarlo: Juan Carlos I debe tributar en España «para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la [imagen] de la Corona como institución».
Así que la Zarzuela en realidad está matizando su reacción inicial. Recuerden que quien reabre el debate es Alberto Núñez Feijóo cuando al calor de la desclasificación de documentos y de la buena imagen que se extrae de Don Juan Carlos en ella, creía que quizás era oportuno abordar de una vez el debate sobre su regreso permanente.
Entonces la Casa del Rey se apresuró a aclarar que el emérito era libre de mudarse a España cuando lo deseara. Ya vemos que al menos hay una condición. Razonabilísima e incluso obvia, pero la Casa del Rey ha creído necesario explicitarla.
Desde que se marchó a Emiratos Árabes Unidos (EUA), en agosto de 2020, Juan Carlos I dejó de tener residencia fiscal en España, por lo que no está obligado a pagar impuestos y tampoco a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos o de los medios que sustentan su vida en el golfo Pérsico.
Y hoy también el Gobierno ha expresado su opinión sobre el regreso permanente del emérito, a pesar de que en un principio se inhibió asegurando que era una cuestión que correspondía al padre y al hijo. A primera hora en la tele oficial, José Manuel Albares criticaba que Feijóo hubiera metido en un lío a la Casa del Rey.
La verdad es que lo de las cortinas de humo es el argumento más perezoso que hay, cuando lo utiliza la oposición, por supuesto, pero también cuando lo emplea el Gobierno.
Dado que la condición expuesta por la Zarzuela tiene que ver con la residencia fiscal del emérito…. es normal que María Jesús Montero, que además de todo es ministra de Hacienda, se dé por aludida
Lo que es innegable es lo que afirma hoy en El Confidencial, Josep Martí Blanch: «Así que toca anotar a Alberto Núñez Feijóo la consecuencia política más relevante de la desclasificación: el inicio de una campaña formal en boca de un candidato a la presidencia del Gobierno para que el rey emérito regrese de su exilio -más o menos, menos o más- voluntario»
Antes ya les decíamos que el Gobierno puede que tenga problemas urgentes con otro emérito. Porque la juez que lleva el caso de Plus Ultra ha decidido enviar la causa a la Audiencia Nacional tras adquirir el caso una "nueva dimensión».
Las sospechas de que una "organización criminal" se benefició del rescate, provocan que la magistrada decida inhibirse. La causa permanece bajo secreto de sumario. Será el juez José Luis Calama el que tendrá que decidir sobre la competencia del tribunal para investigar el rescate de Plus Ultra.
En este procedimiento, están investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez y el CEO, Roberto Roselli, además del empresario Julio Martínez Martínez. Y aunque no está siendo investigado, al menos por el momento, está especialmente comprometido José Luis Rodríguez Zapatero. Porque su amigo Julio Martínez Martínez le pagó más de medio millón de euros a través de su empresa Análisis Relevante por unos informes que luego no le vendió a nadie. Así que esta compañía tenía un cliente que era Plus Ultra y un proveedor que era Zapatero y la factura de este coincide con lo que se había estipulado que se llevaría Julio Martínez en caso de que Plus Ultra fuera rescatada con dinero público.
Casi cada viernes les decimos lo mismo, hay señales de que Estados Unidos prepara un ataque a Irán para forzar a los ayatolás a poner fin a su programa nuclear. Hay movimientos militares que apuntan a preparativos de guerra, como la movilización del portaaviones Gerald Ford y hay prevenciones al personal diplomático que apuntan a un ataque inminente.
EE.UU. dice que su personal puede abandonar Israel y pide celeridad ante posible ataque a Irán. En un correo electrónico enviado a los trabajadores de la embajada el viernes por la mañana, el embajador Mike Huckabee les advirtió que si querían abandonar Israel, "debían hacerlo HOY".
Puede que solo sean movimientos destinados a intimidar a los ayatolás y cuyo fin sea que se sienten amedrentados en la mesa de negociación. O puede que esta vez sí, Donald Trump se decida a castigar a la República Islámica por continuar con su programa nuclear.
Y ojo porque el régimen iraní vuelve a afrontar una ola de protestas. Estudiantes de universidades de todo Irán han estado organizando protestas en sus campus pidiendo el derrocamiento del gobierno, en las primeras manifestaciones a gran escala del país desde la brutal represión estatal contra la disidencia a nivel nacional el mes pasado.
Las últimas protestas, que comenzaron el 21 de febrero, se han extendido a los campus de al menos cuatro ciudades importantes y los grupos estudiantiles se han comprometido a llevarlas a universidades de todo el país el sábado.
