La presidenta de los inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, ha exigido explicaciones ante el desliz de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien desveló en los pasillos del Congreso de los Diputados información del expediente tributario de Alberto González Amador, la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso.
De la Herrán considera "gravísimas" las filtraciones de datos fiscales y pide aclarar su procedencia: "Si hay datos que se hacen públicos por los políticos antes de que sean públicos se incumple el artículo 95 de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria".
José María Peláez, portavoz de la Asociación Inspectores de Hacienda, asegura que tienen "una legislación muy estricta" para la revelación de cualquier tipo de información que se conozca de sus investigaciones. Por ello, quiere "dejar muy claro" que por parte de los funcionarios de la Agencia Tributaria es muy complicado que haya filtraciones de informaciones de sus bases de datos.
Explica que cuando la administración descubre un fraude que supera los 120.000 euros se remite a la Fiscalía para interponer una denuncia por delito fiscal. "La mayoría de las filtraciones que se producen de expedientes cuyo origen está en la Agencia Tributaria surgen en el momento que salen de ella", sentencia Peláez. Añade que, en muchas ocasiones, "son los propios acusados los interesados en que se filtre algún tipo de información porque les beneficia para sus intereses".
Hace hincapié en que si esas filtraciones las hubiera realizado un trabajador de Hacienda se sabría porque los "controles son muy rígidos" y la información "muy sensible". Y que serían estos registros los que permiten garantizar la trazabilidad de quien ha accedido a los expedientes.
