Todo comienza en enero de 2017, cuando la Federación de las Asociaciones Protectoras de la Comunidad de Madrid (FAPAM), denuncian ante la Fiscalía de Madrid y ésta ordena al Seprona investigar los hechos. Tras las primeras investigaciones de la Guardia Civil, en las que se interrogan a varios trabajadores de dichas empresas, tanto el Seprona, como la Fiscalía y el Juez de instrucción determinan la existencia de sobrados indicios de maltrato animal e intrusismo profesional.
Según la instrucción, el administrador de Maikan y el veterinario de Vetmovil y Recolte, durante los años 2013 a 2017 maltrataron presuntamente de manera continuada a cientos de animales, distinguiendo dos formas claras:
- 1º Tenencia deplorable sin alimentar ni prestar atención veterinaria a los animales recogidos en diversos municipios, de los que prestaban el servicio de recogida de animales. Ex-trabajadores relatan cómo no se les suministraba comida diariamente, llegando incluso a comerse unos animales a los otros.
- 2º Ordenar eutanasiar a los animales por parte de personal no cualificado, infrigiéndoles un padecimiento y dolor injustificado al ser eutanasiados de manera incorrecta.
Llama especialmente la atención los más de 7.000 kg de cadáveres de perros y gatos que la empresa Recolte llevó al vertedero en el año 2017, a pesar de estar vigente la Ley de Sacrificio Cero de la Comunidad de Madrid.
Los Ayuntamientos que mantenían contrato con estas empresas, y que incluso algunas siguen manteniéndoles contratado a pesar de la instrucción y de las pruebas evidentes son:
El equipo de Como el Perro y el Gato se ha puesto en contacto con estos consistorios y la respuesta, por parte de algunos de ellos, ha sido que en sus municipios nunca se han maltratado animales y que siempre han controlado mediante inspecciones las instalaciones de estas empresas, hecho que sorprende ya que durante la instrucción el Seprona solicitó las actas de éstas inspecciones, siendo solo un par de municipios las que las presentaron y éstas son de a partir de diciembre de 2016, cuando ya se había destapado el escándalo. Además el personal que realiza las inspecciones, en ningún caso tiene cualificación veterinaria.
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