El Gobierno continúa sin ofrecer una explicación concreta sobre el apagón que este lunes dejó sin suministro eléctrico a millones de personas en toda la Península Ibérica. Sin embargo, sí ha comenzado a esbozar distintas líneas narrativas mediante las diversas declaraciones y acciones de miembros del Ejecutivo.
Hasta ahora, han ofrecido tres versiones o hipótesis en su intento por esclarecer qué pudo pasar: la posible implicación de operadores privados, la hipótesis de un ciberataque y un fallo de Red Eléctrica.
Los operadores privados
La primera línea apuntada por el Gobierno ha sido la actuación de una compañía energética privada. Las imágenes difundidas por Moncloa de la reunión con representantes del sector energético en la sede del Ejecutivo apuntaban a escenificar una especie de "tribunal político" ante las compañías del sector.
Sin embargo, desde el sector privado se ha respondido con firmeza. Iberdrola, a través de su presidente Ignacio Sánchez Galán, declaró que todas las empresas actuaron bajo las indicaciones del operador del sistema, Red Eléctrica, y que ninguna decisión operativa fue tomada de forma unilateral por las compañías generadoras.
Cabe destacar que, según la Ley del Sector Eléctrico (Título II, artículo 30), solo hay un operador del sistema eléctrico en España: Red Eléctrica, y el resto de actores son productores, distribuidores o comercializadores.
El ciberataque
La segunda hipótesis, la de un posible ciberataque o sabotaje informático, ha ido perdiendo fuerza con el paso de las horas. Aunque el Gobierno no la ha descartado formalmente y la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigarlo como posible delito de terrorismo, ninguna evidencia técnica respalda por ahora esa posibilidad.
Expertos del sector y fuentes de seguridad consideran improbable esta explicación, aunque reconocen que las investigaciones aún están en marcha.
Un fallo en Red Eléctrica
La tercera hipótesis, y la que más consenso técnico reúne entre expertos independientes, es que el apagón fue consecuencia de un error de gestión por parte de Red Eléctrica, empresa encargada de equilibrar la oferta y demanda energética a tiempo real. Según varios analistas, la previsión del mix energético no se ajustó correctamente a la realidad de la demanda del lunes, lo que habría desestabilizado la red y provocado la caída en cascada.
Aquí adquiere especial relevancia la relación entre Red Eléctrica y el Gobierno. Aunque el Gobierno ha llegado a presentar a Red Eléctrica como un operador privado, lo cierto es que su vinculación con el Ejecutivo es estrecha. El Estado, a través de la SEPI, posee el 20 % del capital, ningún accionista puede tener más del 5 %, y su presidencia es designada políticamente. Actualmente, la dirige Beatriz Corredor, exministra socialista con amplia trayectoria política pero sin experiencia previa en el sector energético.
La noche del apagón, el Gobierno instaló su gabinete de crisis en la sede de Red Eléctrica, un gesto que refuerza la percepción de que esta empresa opera como un órgano técnico estatal en momentos críticos. Solo cuando comenzó a crecer la presión pública sobre su papel, el Ejecutivo pareció marcar cierta distancia.
