El asesinato de una agente de la Guardia Civil a manos de su expareja en el cuartel de Llanes (Asturias) ha conmocionado a España. El agresor, también guardia civil, había sido condenado por violencia de género, había sido expulsado del cuerpo y ya no disponía de su arma reglamentaria cuando perpetró el crimen. Para cometerlo, presuntamente sustrajo el arma de un compañero antes de disparar contra la víctima y herir a otro agente.
Dámaso F.S., de 49 años, había sido condenado por un delito de violencia de género contra la propia víctima. Como consecuencia de esa sentencia, la Dirección General de la Guardia Civil había iniciado el procedimiento disciplinario que culminó con su expulsión del cuerpo. Hace apenas unos días había recibido la comunicación de su separación del servicio, lo que pudo motivar su ataque.
La condena también implicó la retirada de su arma reglamentaria y la pérdida de las facultades propias de su condición de agente.
Ya no tenía arma reglamentaria y robó la de un compañero
Uno de los aspectos que más interrogantes ha generado es cómo pudo acceder a un arma de fuego. Según la información facilitada por la investigación, el exguardia civil ya no disponía de su pistola reglamentaria debido a la condena.
El asesinato se produjo alrededor de las 13:30 horas del miércoles en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Llanes. Como han comunicado desde la Benemérita, en el propio cuartel consiguió apoderarse presuntamente del arma de un compañero, con la que disparó contra su expareja y alcanzó también a un teniente que trató de auxiliarla.
Tras el ataque, intentó abandonar el cuartel efectuando nuevos disparos, momento en el que otros agentes repelieron la agresión. El hombre resultó herido de gravedad y falleció posteriormente en el hospital.
La víctima también era guardia civil y estaba protegida por VioGén
La mujer asesinada, de 50 años, era igualmente agente de la Guardia Civil y residía en una vivienda del propio cuartel de Llanes donde fue asesinada. Había denunciado previamente a su expareja por violencia de género y estaba incluida en el sistema VioGén.
Fuentes de la investigación señalan que llegó a contar con una pulsera de protección frente al agresor, aunque esa medida ya no permanecía activa cuando se produjo el crimen.
La pareja se encontraba separada y tenía tres hijos en común: un hijo mayor de edad y dos hijas menores. Además del procedimiento judicial por violencia de género, mantenían conflictos relacionados con la custodia de los hijos y cuestiones patrimoniales derivadas de la ruptura.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el caso como un asesinato machista. Instituciones y autoridades han condenado los hechos y se han convocado concentraciones de repulsa en Asturias tras uno de los episodios más graves ocurridos en un acuartelamiento de la Guardia Civil en los últimos años.
