El Gobierno no expulsará a los migrantes que inicien el proceso de regularización extraordinaria pero finalmente no cumplan los requisitos para obtener los papeles. Así lo confirman fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que este martes ha llevado al Consejo de Ministros el real decreto con el que se pretende regularizar a unas 500.000 personas en situación irregular.
Según las estimaciones del Ejecutivo, la cifra total de potenciales beneficiarios podría incluso duplicarse y alcanzar el millón de personas. Aun así, quienes no logren completar el proceso no serán objeto de expulsión automática, pese a haber iniciado los trámites y continuarán en situación irregular.
El decreto aprobado contempla la concesión de permisos de residencia y trabajo a medio millón de migrantes que actualmente viven en España sin muchos de sus derechos reconocidos. De ellos, alrededor de 250.000 serían solicitantes de asilo pendientes de resolución.
La medida está dirigida a quienes hayan llegado a España antes del 1 de enero y puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en el país en el momento de la solicitud. También incluye a solicitantes de asilo que registraron su petición antes de esa fecha. En todos los casos, será imprescindible no tener antecedentes penales.
Para demostrar el tiempo de permanencia en España, se aceptarán pruebas como el empadronamiento, pero también documentos alternativos como informes médicos, contratos de suministros o alquiler, o certificados de envío de dinero.
Certificado de antecedentes
Uno de los puntos clave del decreto es la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales tanto en España como en los países donde el solicitante haya residido en los últimos cinco años. Ante las dificultades para obtener estos documentos en algunos consulados, el texto prevé soluciones: si en un mes no hay respuesta, el interesado podrá presentar una declaración responsable y será el Gobierno quien inicie la solicitud por vía diplomática.
Si tras tres meses no se logra obtener el certificado, se notificará al solicitante y, pasados 15 días, el procedimiento se dará por desistido.
El decreto también delimita tres perfiles de beneficiarios: quienes ya hayan trabajado o tengan una oferta laboral, quienes tengan menores u otras personas dependientes a su cargo y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Pese al endurecimiento del texto tras las observaciones del Consejo de Estado, el Ejecutivo insiste en que colaborará para maximizar el número de beneficiarios de una medida que busca dar salida administrativa a cientos de miles de personas en España.
