Es una de las conclusiones de un estudio de Línea Directa, que ha analizando las multas de sus 1,8 millones de asegurados. En concreto se ha fijado en 675.000 multas de todas las administraciones y ha focalizado el análisis en 377.720 impuestas en las capitales de provincia.
Y lo ha hecho con los sanciones de sus asegurados porque mientras la DGT publica sus datos de multas y recaudación, los ayuntamientos, "salvo honrosas excepciones", como Madrid, por ejemplo, no los hacen públicos, como ha resaltado en rueda de prensa el director general de Línea Directa, Francisco Valencia.
Pese a que los consistorios multan más, la media de la sanción es más baja que la de la DGT: 195 euros frente a los 210 de Tráfico.
Según los datos, el 76 por ciento de las multas de circulación las imponen los ayuntamientos, el 14 por ciento la DGT y el 10 por ciento restante otras administraciones (los servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco, algunas diputaciones y cabildos).
El "top 10" de las ciudades con más mano dura con el conductor es el siguiente: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Málaga y Valladolid, frente a algunas de menor presión, como Jaén.
Además, el estudio contiene una encuesta que revela que cuatro millones de conductores reconocen que han sido multados por su ayuntamiento hasta cinco veces en los cinco últimos años, pero esa presión no ha redundado en un mejor comportamiento: seis de cada diez admite que pisa el acelerador más de lo debido de forma habitual.
Tampoco la presión sancionadora ha tenido un efecto positivo en la siniestralidad, ya que desde 2011 el número de accidentes con víctimas se ha incrementado un 20 por ciento en zona urbana y el número de fallecidos ha descendido solo un 3,5 por ciento frente a la disminución en un 22 por ciento en la vías interurbanas.
Francisco Valencia ha dejado claro que, frente a lo que se cree, la mayoría de las multas de los consistorios (el 70 %) están directamente relacionadas con la seguridad vial (sobre todo por velocidad) y sólo el 30 % con la movilidad o el aparcamiento.
Nueve de cada diez conductores, según los resultados de la encuesta, cree que el objetivo de las multas es recaudatorio, y seis de cada diez piensa que los radares persiguen obtener "cuanto más dinero, mejor".
De todos modos, hay menos multas en las capitales, probablemente debido a la crisis al haber menos movilidad, ha comentado Valencia, quien ha cifrado en diez puntos es descenso en el número de sanciones entre 2011 y 2014.
Si se comparan las capitales de provincia con el resto de municipios, incluidos los grandes de las periferias de las ciudades, la presión sancionadora se multiplica por seis en las primeras.
El estudio ha arrojado también el peor y el mejor perfil del sancionado por un ayuntamiento. El mejor es el de una mujer (el 37 por ciento son multadas), no reincidente y de entre 18 y 24 años.
Mientras, el peor perfil es el de un hombre (el 50 por ciento de los conductores varones son multados), con amplia experiencia al volante, reincidente y con entre 35 y 44 años.
Los encuestados aceptan peor las multas por aparcamiento, por saltarse un semáforo en ámbar, por radar de velocidad, por no llevar la documentación y por no notificar la pérdida de puntos.
Cuando se les pregunta por los parquímetros, el 91 por ciento tiene una opinión "mala o regular" de su uso porque creen que su fin es principalmente recaudatorio.
Visión negativa que trasladan a los trabajadores del aparcamiento regulado, cuyo objetivo, según un 56 por ciento de los encuestados, "es poner tanta multas como puedan".
Extrapolando los datos, el estudio subraya que cinco millones de conductores han presenciado agresiones o insultos a esos empleados, y 780.000 reconocen haberlo hecho.
Frente a esa visión, el 75 por ciento de los conductores valora la labor de los cuerpos policiales, si bien consideran que hay aspectos mejorables en su actitud.
El 22,2 % desconoce a qué destina el consistorio la recaudación de multas y al 95 % le gustaría que se gastara en mejorar la seguridad vial.
Siete de cada diez sancionados se sienten indefensos ante un recurso, solo un 6 % cree que hay garantías al recurrir una multa y el 85 % es partidario de que sea una instancia independiente a la administración quien revise los recursos.
