Las víctimas eran captadas en su país de origen, Rumanía, bajo engaño ya que se les ofrecía trabajo en el sector de la hostelería y, una vez llegaban a Madrid, eran hacinadas en un piso y obligadas a ejercer la prostitución bajo la amenaza de hacer daño a sus familias, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Además, la organización contaba con estructuras dedicadas al blanqueo de capitales en Rumanía, donde enviaban el dinero a través de empresas de mensajería. La investigación comenzó al detectarse la presencia de una organización criminal rumana que podría estar cometiendo delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la calle Montera de Madrid.
Tras diversas gestiones, los agentes comprobaron que las mujeres eran captadas en Rumanía y trasladadas en autobús hasta Madrid bajo el engaño de un trabajo en el sector de la hostelería. Una vez en nuestro país, eran alojadas en un piso cercano a la calle Montera y obligadas a ejercer la prostitución en la zona, donde vivían en unas condiciones insalubres y tremendamente precarias, al permanecer hacinadas y dormir en colchones que se encontraban esparcidos por el suelo.
QUINCE MINUTOS PARA CADA SERVICIO
Los agentes pudieron averiguar que las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección para conseguir así un mayor beneficio económico. Además los investigados también les imponían como tenían que arreglarse, debían vestirse con ropa provocativa y teñirse el pelo con el objetivo de llamar la atención de los clientes.
Los integrantes de la organización criminal fijaban las tarifas y duración de los servicios sexuales, no permitiéndoles descansos durante la jornada que, comenzaba a las cuatro de la tarde y finalizaba a las tres de la mañana del día siguiente.
Las mujeres explotadas tenían un tiempo estipulado para los servicios de 15 minutos y eran multadas si sobrepasaban dicho periodo. Durante la investigación, los agentes también comprobaron que dos de las víctimas sufrieron agresiones sexuales por parte del cabecilla de la organización, quien las tenía totalmente aterrorizadas.
Las explotadas, a las que no se les permitía hablar entre ellas, eran controladas y amedrentadas por los componentes de la organización. Asimismo sufrían un férreo control, tanto en el domicilio de forma directa por los cabecillas de la organización, como en la vía pública por una controladora que, también ejercía la prostitución, pero que formaba parte de la organización.
Esta persona, siempre a escasos metros de las víctimas, comprobaba el cumplimiento de las normas impuestas por la organización. Incluso en el caso de que fuesen identificadas por agentes de policía, estaban obligadas a asegurar que ejercían la prostitución de forma voluntaria no pudiendo indicarles el domicilio donde residían.
LLAMADAS DE CONTROL
Tanto el inicio como la finalización de cada servicio sexual, debía ser comunicado a los cabecillas de la organización mediante una llamada telefónica donde indicaban también el dinero obtenido por el mismo.
De esta forma, la líder controlaba la recaudación que debían entregar las víctimas al llegar a la vivienda, llegando a cachearlas y descalzarlas por si se quedaban con algo de dinero. Para dichas comunicaciones asignaban a cada víctima un terminal móvil.
El operativo final concluyó con la realización de un dispositivo policial simultáneo en España (Madrid) y Rumania, procediéndose a la desarticulación de la organización. En dicho dispositivo se detuvo a cinco personas en Madrid y una en Rumanía y se registró un domicilio de Madrid donde se intervino diversa documentación incriminatoria, varios teléfonos móviles y 5.470 euros en efectivo.
Además los agentes han podido comprobar que la organización contaba en Rumanía con una estructura de blanqueo de capitales mediante la compra de propiedades y el envío de dinero a su país de origen mediante empresas de mensajería.
