El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha asegurado que guardias civiles y policías nacionales tendrán listas las indicaciones sanitarias para materializar las vacunaciones de los efectivos una vez el Ministerio de Sanidad emita las directrices oportunas cuando se haya culminado la protección de los grupos más vulnerables (residencias de mayores, sanitarios en primera línea y personas de más de 80 años de edad).
Interior está convencido de la importancia de la vacunación de estos funcionarios
Lo ha dicho en el Executive Forum, donde ha detallado que "el Ministerio del Interior está convencido de la importancia crítica que tiene la vacunación de los funcionarios de este departamento, incluidos los del sistema de prisiones, los funcionarios de instituciones penitenciarias, y por ello, una vez el Ministerio de Sanidad emita las directrices oportunas cuando se haya culminado la protección de los grupos más vulnerables (residencias de mayores, sanitarios en primera línea y personas de más de 80 años de edad), las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía, a través de sus servicios médicos, y tendrán listas las indicaciones necesarias para materializar esa vacunación de sus efectivos".
También se vacunará a funcionarios de Instituciones penitenciarias
Rafael Pérez ha manifestado la importancia que da el Ministerio del Interior a la vacunación de los policías y guardias civiles, incluidos los funcionarios de Instituciones penitenciarias, por ser personal vulnerable frente al contagio.
Durante su intervención, el responsable de Seguridad ha confiado en que no haya que adoptar "unas medidas más limitativas de la movilidad", puesto que las cifras de contagiados "parece que se han estabilizado o a eso apuntan".
Preguntado por las "polémicas" que ha suscitado la gestión de la borrasca Filomena, Pérez ha subrayado el "papel intachable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha considerado que habrá tiempo para evaluar con detenimiento los daños y "dar las respuestas específicas", más allá de las medidas aprobadas ya por el Consejo de Ministros.
El número dos de Interior se ha mostrado convencido de que "los propios procedimientos legales establecidos podrán resolver la polémica en relación a la cualificación y cuantificación de los daños".
