El cabecilla de la trama, que fue detenido el pasado mes de abril en Murcia, y que responde a las iniciales J.E.S.A., es de nacionalidad nicaragüense y habría traído más de cien mujeres a España para explotarlas desde el año 2009, según informó un portavoz de la policía nacional en Murcia.
Para el viaje, la organización les proporcionaba la documentación y billetes necesarios, de modo que contraían una deuda de unos 4.500 euros y que avalaban con la vivienda que ocupaban con su familia en Nicaragua. Deuda que se incrementaba progresivamente (a un interés que a partir del octavo mes llegaba al 10% mensual) haciéndose, en ocasiones, imposible de pagar.
Para hacerle frente, las víctimas debían pagar en torno a los 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico, por lo que algunas de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.
Los encuentros eran además presuntamente grabados con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su publicación si no pagaban lo que debían.
La investigación se inició con una llamada al teléfono contra la trata de seres humanos en la que se denunciaba la existencia de una persona que se estaría dedicando a traer chicas procedentes de Nicaragua para trabajar en el servicio doméstico a cambio de dinero.
Agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos se hicieron cargo de las pesquisas y descubrieron la existencia de una organización que operaba al menos desde 2009, liderada por la familia del principal cabecilla.
Averiguaron también que, una vez en España, las víctimas eran recogidas por miembros de la red que las trasladaban a Murcia, donde eran recibidas por el cabecilla que se encargaba de alojarlas en pisos que tenía alquilados.
Por el alojamiento tenían que pagar unos 70 euros semanales, aunque fueran varias las personas con las que tuvieran que compartir habitación, viviendo, por lo tanto, en unas deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento. De esta manera además, la deuda inicial se iba incrementando continuamente.
El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándolas que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos sus documentos de las víctimas e incluso sus pasaportes originales o abriendo su correo, todo ello para asegurarse de que pagarían su deuda.
El líder de la red las amenazaba con quitarles sus propiedades si le denunciaban, lo que las víctimas no hacían por miedo a sus amenazas o a ser expulsadas de España, ya que muchas se encontraban en situación irregular.
Tras reunir las pruebas, los agentes detuvieron al cabecilla de la organización, que ingresó en prisión provisional por orden judicial.
Las investigaciones permitieron también averiguar que la organización también se dedicaba a prestar dinero a otros compatriotas suyos, aprovechándose de la situación de necesidad en la que vivían, exigiéndoles elevados intereses y teniendo que avalar los préstamos con sus escasas propiedades.
Durante el registro en el domicilio en Murcia del principal investigado, los agentes intervinieron material pornográfico consistente en imágenes de relaciones sexuales que el propio detenido mantenía con chicas -entre ellas las de al menos 19 víctimas de trata, de las traídas por la organización- y que habían sido obtenidas sin su consentimiento.
También encontraron imágenes en las que el responsable de la organización aparece abusando sexualmente de alguna de sus víctimas.
El balance final de la operación, que se ha desarrollado en tres fases, se ha saldado con 6 detenidos en Murcia y 2 en Madrid y un total de 185 personas que son o han sido víctimas de la organización localizadas, de las cuales 44 habrían sido víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Además, de la abundante documentación intervenida en los registros domiciliarios practicados, se desprende que más de 75 personas habrían contraído deudas con la organización a través de préstamos usureros y al menos 45 personas diferentes aparecen en los vídeos de contenido sexual intervenidos. La investigación continúa abierta y no se descarta localizar nuevas víctimas de esta organización.
La primera fase de la operación se inició en febrero pasado con los primeros registros y detenciones, entre ellas la del líder, tras lo que siguió una segunda fase de identificación de las víctimas no sólo en materia de trata de seres humanos, sino de abuso sexual.
La nueva ley de extranjería en su artículo 95 bis estipula que a los inmigrante irregulares extranjeros víctimas de trata de seres humanos se le gestione la documentación para su estancia legal en el país como es el caso de algunas de las mujeres de este caso. La policía sigue investigando y no se descarta que entre las víctimas pueda haber alguna menor.
