La retirada de Elisa Mouliaá de la acusación particular en la causa contra Íñigo Errejón no pone fin al procedimiento judicial ni supone la retirada de la denuncia, algo que legalmente no es posible en un proceso penal de esta naturaleza.
La actriz ha optado por apartarse y asumir un papel pasivo, pero la causa sigue viva y, de hecho, la acusación popular ha confirmado que mantendrá su escrito para que el exdiputado sea juzgado.
En un comunicado difundido en redes sociales, Mouliaá ha explicado que su decisión "no es una retractación, es un límite", y subraya que no se debe a que los hechos no sean ciertos, sino al desgaste personal de sostener el procedimiento en solitario.
Al tratarse de un delito perseguible de oficio, el proceso puede continuar sin su participación activa como acusación particular, quedando la iniciativa procesal en manos de la Fiscalía y de las acusaciones personadas.
La acusación popular mantiene la causa
En este caso, la acusación popular, ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), ha anunciado que seguirá adelante. Su abogado, Jorge Piedrafita, ha afirmado que mantendrán la acusación contra Errejón pese a la renuncia de Mouliaá, al entender que se mantiene "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual".
"Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", ha señalado Piedrafita, que considera que el juicio debe celebrarse incluso aunque ni la actriz ni la Fiscalía sostengan finalmente la acusación. Desde Adive aseguran que su actuación busca salvaguardar "los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".
La Fiscalía pidió el archivo, pero el juez abrió juicio
La Fiscalía de Madrid solicitó al juez instructor, Adolfo Carretero, el archivo de la causa al considerar "insuficientes" los indicios delictivos para formular escrito de acusación contra Errejón.
Pese a esa petición, el magistrado acordó el pasado mes de enero la apertura de juicio oral contra el exportavoz parlamentario de Sumar, al apreciar indicios de criminalidad tras trece meses de investigación. En su auto, Carretero impuso a Errejón una fianza de 30.000 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.
Durante la instrucción, el juez tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a peritos, y analizó diversa documentación, incluidas conversaciones mantenidas entre ambos en fechas cercanas a los hechos denunciados, que se remontan a finales de octubre de 2021.
Un proceso que sigue pese a la retirada de Mouliaá
Aunque Mouliaá ha dejado claro que se aparta del procedimiento "con la conciencia tranquila" y sin buscar "dinero ni protagonismo", su decisión no implica el cierre de la causa.
La retirada afecta únicamente a su condición de acusación particular, no al procedimiento en sí, que sigue su curso al existir acusación popular y una resolución judicial firme de apertura de juicio oral.
