En total, en 2018 fueron condenadas 286.637 personas adultas, un 0,5 por ciento más que el año anterior. Son condenas por sentencias firmes impuestas y, de ellas, un 21,9 por ciento corresponde a delitos relacionados con la seguridad vial, por delante de los hurtos y las lesiones.
Respecto a los delitos sexuales, los 2.431 adultos condenados por ellos perpetraron 2.952 infracciones penales de este tipo, de las que 1.011 fueron consideradas abuso sexual, 453 abuso y agresión sexual a menores de 16 años y 386 agresión sexual. De estas últimas, 32 fueron violaciones.
Por su parte, los 323 condenados menores por delitos sexuales cometieron 408 infracciones de esa naturaleza, 69 de ellas agresiones sexuales y de estas, ocho fueron violaciones.
En términos globales, el 79,3 por ciento de las personas condenadas eran varones, frente al 20,7 % de mujeres. El 76,3 por ciento de los condenados tenía la nacionalidad española y entre los extranjeros, un tercio procedía de países comunitarios.
Del total de 142.699 penas de prisión, el 93,3 % tenía una duración de entre cero a dos años y solo el 1,1 % de más de cinco años.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registró más personas condenadas, con el 19,8 por ciento del total; por delante de Cataluña y Madrid. No obstante, si se tiene en cuenta la tasa de condenados inscritos por cada mil habitantes, Ceuta y Melilla siguen registrando las tasas más elevadas, con 26,6 y 24,3 respectivamente. En el lado opuesto se sitúan Galicia y Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Respecto a los menores, el INE destaca los 13.663 condenados de entre 14 y 17 años con un ligero aumento del 0,2 por ciento en relación a 2017.
El perfil es el de un varón, español y condenado por lesiones, robo o hurto. Sobre ellos, los jueces adoptaron 22.812 medidas, con un descenso del 0,5 %. Cuatro de cada diez medidas fueron de libertad vigilada, el 15,3 % de prestación en beneficio de la comunidad y el 12 % de realización de tareas socio-educativas.
